El Gobierno enviará más fuerzas federales a Río Negro por el conflicto con los mapuches

Era un pedido de la gobernadora Arabela Carreras tras el ataque incendiario contra el club Andino Piltriquitrón sucedido en las últimas horas. La oposición quiere citar al Congreso a la funcionaria que está a cargo de los conflictos territoriales.

El Ministerio de Seguridad de la Nación decidió asignar fuerzas federales -efectivos de Gendarmería, Policía Federal (PFA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)- a la provincia de Río Negro, donde este miércoles hubo un nuevo ataque de mapuches contra el club Andino Piltriquitrón.

Según informaron a TN fuentes de la cartera que conduce Aníbal Fernández, se redesplegarán fuerzas federales en la zona sur de la provincia “con el objetivo de prevenir posibles conflictos” y “actos de vandalismo”. De acuerdo al gobierno, no se trata de un envío de tropas “a demanda”, sino que “se está cumpliendo con la Ley de Seguridad Interior”.

El envío de fuerzas federales era un pedido de la gobernadora local, Arabela Carreras, quien dijo estar “preocupada” por el tercer ataque mapuche en el último mes.

“Aquí no hay una actitud de solicitud de mi parte por una necesidad de acompañamiento. Acá estamos exigiendo que cada jurisdicción actúe en el ámbito de su competencia. Es lo que corresponde. No estoy pidiendo un favor. Estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde, nada más”, dijo Carreras durante una entrevista con CNN Radio.

La ministra de Seguridad provincial, Bettiana Minor, ya había hecho el reclamo a su par nacional semanas atrás. Sin embargo, Aníbal Fernández se negó inicialmente a colaborar y pidió que haya diálogo entre las partes.

Carreras se encontraba esta mañana “redactando el mismo pedido” para enviar al presidente Alberto Fernández “sobre todo para actúe en los ámbitos de su competencia, por ejemplo, las rutas nacionales”. En concreto, Carreras pedía refuerzos de la Gendarmería Nacional.

El ataque

El edificio del Club Andino Piltriquitrón fue destrozado esta madrugada por las llamas. En los alrededores la policía encontró panfletos con mensajes contra la gobernadora Arabela Carreras y el intendente Bruno Pogliano, así como el empresario británico Joe Lewis y la familia Benetton.

El fuego se desató alrededor de las 4 de la mañana en la sede del club con más de 60 años de historia y pese a los esfuerzos de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón las pérdidas fueron totales.

Según medios locales, en la zona se encontraron dos bidones con combustible, además de panfletos impresos que decían “Benetton, Lewis, Arabela, Pogliano, el agua y la tierra no se venden, se defienden”.

Pedido de la oposición

Juntos por el Cambio pidió este miércoles que la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, se presente en el Congreso para informar sobre los conflictos vinculados a los pueblos indígenas.

En un proyecto encabezado por la vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara de Diputados, Carla Carrizo, y firmado por 20 diputados nacionales, solicitan que Odarda “detalle” los conflictos territoriales e informe las políticas implementadas desde el instituto. Carreras, por su parte, repudió el ataque al edificio del Club Andino Piltriquitrón y solicitó, una vez más, refuerzos de fuerzas federales.

“La Presidenta del INAI, Magdalena Odarda debería hoy estar explicando en el Congreso Nacional por qué a 15 años de la ley 26160 de emergencia sobre propiedad y titularidad de tierras, los conflictos escalan en lugar de disminuir. Según Amnistía Internacional, ya en 2016 había 163 focos de conflictos territoriales; hoy son más de 200 y vemos todos los días cómo se recrudece el tema en el sur del país. La ley vence a fin de año ¿Cuál es el plan del gobierno?, ¿Prorrogarla sin informar?”, preguntó Carrizo y reclamó por “un Estado que no sea de cartón, regule como corresponda y sirva así a las comunidades originarias para vivir mejor”.

La diputada se refiere a la ley sancionada a fines de 2006, que declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por un plazo de cuatro años, pero fue prorrogada en 2009, 2013, 2017 y vence el próximo noviembre.