Correo Argentino: el Grupo Macri apeló y consiguió parar la quiebra de la empresa 

Publicado el 14/07/2021

La jueza Marta Cirulli envió la causa a la Cámara con «efecto suspensivo», lo que en los hechos significa la virtual paralización temporal del trámite.


El Correo Argentino SA del Grupo Macri, apeló la decisión de la jueza comercial Marta Cirulli, quien había decretado la quiebra de la compañía postal. La justicia determinó que hasta tanto se resuelva ese planteo, quedará suspendido el proceso.

En su escrito, los asesores letrados de la firma cargaron contra Carlos Zannini, quien como Procurador del Tesoro -siendo el Estado el principal acreedor- había pedido la quiebra y anticipó que solicitaría que sea extensiva a Socma, el grupo comercial de la familia Macri.

La quiebra se confirmó un día después de que Mauricio Macri denunciara en un carta pública que la causa judicial sobre la deuda del Correo Argentino con el Estado -firma estatizada en 2003 durante la presidencia de Néstor Kirchner- responde a una «venganza» y «persecución política» del Gobierno con el único fin de avanzar sobre él y sus hijos.

Del otro lado, la Justicia sostiene que cuando Macri llegó a la Casa Rosada, el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago «abusivo», según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal Gabriela Boquín rechazó esa propuesta por considerarla «ruinosa y abusiva» ya que iba a perjudicar «gravemente el patrimonio del Estado nacional». Parala fiscal la deuda era de 70.000 millones de pesos.

Para evitar la quiebra, la empresa había ofrecido al Estado -su principal acreedor- un pago total de 1.000 millones de pesos en base a una deuda reconocida en un informe de la Sindicatura. Sin embargo, la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, se opuso a la oferta y requirió la quiebra de la compañía. El Estado es el principal acreedor del Correo Argentino, y le reclama una cifra superior a los 4.500 millones de pesos.

En ese marco, la magistrada evaluó que al ser el Estado el principal acreedor y ya que el mismo no avaló la oferta realizada, «no puede considerarse obtenida la mayoría requerida por la ley en cuanto a cantidad de personas que votaron favorablemente la mejora de propuesta formulada por la concursada. Por lo tanto, también cabría decretar sin más la quiebra de la concursada”.

Avalando la postura de Zannini, la jueza Cirulli sostuvo que «no se perciben -dentro del expediente- elementos que conduzcan a afirmar que el rechazo de la propuesta evidenciado por el Estado Nacional no respondió a la defensa del interés público”.

Además, añadió que el Estado “se sujetó al procedimiento concursal por casi veinte años, haciéndose parte en el proceso, negociando con la concursada, asistiendo a las audiencias donde fue convocado, todo para obtener el cobro de su crédito (lo cual, en definitiva, se proyecta a la sociedad toda), originado hace al menos veinte años en condiciones económicas y de mercado diferentes a las actuales”.

La empresa apeló la quiebra, y reiteró un argumento ya planteado: que el Estado se «apropió de los activos de la compañía» durante el gobierno de Néstor Kirchner, y así dejó un pasivo que terminó judicializado. Los abogados del Correo indicaron que aquella sentencia «exhibe insalvables defectos” y que es “innegable la absoluta revisión que merece tal decisión”.

La firma postal, cuya controlante es el grupo Socma, pidió que la apelación formulada sea otorgada con efecto suspensivo, como sucedió en 2010 cuando se rechazó la homologación inicial del acuerdo con el Estado. Al respecto, dijeron: “Corresponde sin duda adoptar idéntico temperamento. Cualquier postura contraria exhibirá una injustificada e insalvable contracción del tribunal”.

La jueza Cirulli concedió el pedido. Ahora la decisión sobre el futuro del Correo quedó en manos de la Sala B de la Cámara Comercial.

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