Odebrecht: Las pruebas se demoran y el Congreso arde

Mientras el Gobierno intenta eximir de la persecución penal a quienes aporten datos por el pago de sobornos, el grupo de fiscales argentinos que fue enviado a Brasil para avanzar en la causa que investiga los USD 35 millones en coimas que pagó la constructora Odebrecht en el país durante el kirchnerismo, vuelven como se fueron…sin nada.

Con la misma intención, el ministro de Justicia Germán Garavano se dirigió hoy a Washington, para reunirse con el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, y así lograr destrabar la información sobre la ruta de sobornos. Aunque el panorama no es alentador. Según declaró el funcionario, «no será fácil traer información de Estados Unidos en el corto plazo».

Otra novedad que dará para hablar en la semana, es el caso del financista Jorge «Corcho» Rodríguez, mencionado como uno de los operadores de la compañía brasileña. En las últimas horas se descubrió que sus oficinas estaban ubicadas en el mismo piso 33, donde se instaló Odebrecht en la Torre Alem Plaza, situada en el barrio porteño de Catalinas.

Como si fuera poco, fuentes judiciales detectaron que el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, le alquilaba helicópteros a la empresa de Rodríguez «Helicopter Corporation SA» entre 2013 y 2015. Las aeronaves eran utilizadas por el actual diputado, su ex secretario de Obras Públicas, José López e intendentes bonaerenses. Pero lo raro es que en su última declaración, «Corcho» sostuvo que no tenía relación con De Vido.

Aún la olla continúa sin destaparse. Por eso, el Ministerio de Justicia quiere que la ley de responsabilidad empresaria que se debate en el Congreso, «sea retroactiva» para poder utilizarse en el caso Odebrecht, que está en plena investigación.

Dicha fórmula se refiere a crear una cláusula de eximición de penas que pueda aplicarse a la versión local del Lava Jato. Sin embargo, el proyecto se estancó por el temor de los diputados oficialistas, quienes afirman que «no lograrían los votos».