La muerte de Débora Pérez Volpin es elevada a juicio oral
La causa por el fallecimiento de la periodista Débora Pérez Volpin fue elevada a juicio oral. Se juzgará por «homicidio culposo» a los dos médicos que participaron en la fatídica endoscopía realizada en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, el pasado 6 de febrero cuando la legisladora perdió su vida.
El fallo del juez de primera instancia Carlos Manuel Bruniar, detalla el avance del expediente a dicha condición «por el delito de homicidio culposo» a la anestesista Nélida Inés Puente y al endoscopista Diego Ariel Bialolenkier.
Bruniard resolvió «no hacer lugar al sobreseimiento» pretendido por las defensas, tanto de la anestesista como del endoscopista. Ambos profesionales fueron procesados luego de la autopsia a Pérez Volpin y en base al testimonio de varios colegas que participaron o presenciarion la endoscopía.
«El juez dio por clausurada la instrucción y dispuso la elevación a juicio de la causa», explicó el abogado Diego Pirota, que representa a la familia de la víctima. Indicó que esta decisión «es inapelable» y que los siguiente pasos serán burocráticos. «El tribunal recibe el expediente y corre vistas para ofrecer prueba para el juicio, e inmediatamente le pone fecha de inicio», explicó.
Meses atrás, los abogados querellantes presentaron un escrito donde solicitaron al juez que dicte los procesamientos. Consideraron que «no caben dudas» de que Bialolenkier y Puente cometieron el delito de homicidio culposo y que actuaron con total negligencia e impericia en su profesión, en su arte de curar.
La periodista murió durante la videoconferencia que le realizaban Bialolenkier y Puente. «Él la perforó con el equipo endoscópico, ella no se dio cuenta que la paciente mostró enseguida signos de perforación, posiblemente porque estaba distraída, y sin lugar a dudas, porque no preparó todo el equipamiento completo para poder advertirlo a tiempo», asevera el escrito de la querella.
A principios de agosto, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento y el embargo sobre los bienes de ambos profesionales hasta cubrir la suma de $ 1,7 millón de pesos, en previsión a indemnizaciones y costos que podrían tener que afrontar.
