Escándalo por el informe judicial que confirma el vacunatorio VIP en el Posadas
Un análisis de la Procuración de Investigaciones Administrativas le informó al fiscal del caso las irregularidades. Al menos 385 personas que no prestaban servicios en el hospital ni estaban registradas como «personal de salud» fueron vacunadas.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez entregó un informe al fiscal Eduardo Taiano que investiga el caso conocido como vacunatorio VIP, donde señala que se detectó que en el Hospital Posadas se aplicaron 385 dosis de manera irregular, ya que no correspondieron a personas identificadas como personal de salud o esenciales.
La PIA analizó la cantidad de vacunas que ingresaron al país y se distribuyeron en los centros de vacunación dependientes del gobierno nacional.
El dato que resaltó la PIA es que de las 4.386 personas inoculadas en el Posadas, 385 no prestarían servicios como ‘personal de salud’ en el hospital y no se encontrarían registradas como ‘Personal de Salud’”.
Este expediente que impulsó la PIA se ocupó de un conjunto de vacunas que se destinaron «para ser aplicadas a funcionarios, familiares de funcionarios, celebridades o personalidades destacadas de la vida política, sindical o pública del país, apartándose así de los Lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra el Covid-19», reseñó la Unidad de Admisión y Detección Temprana.
En el documento, al que accedieron los diarios Clarín e Infobae, se reflejaron irregularidades respecto a personas que fueron inoculadas en el Hospital Posadas, números que no condicen con el personal sanitario y vacunas que fueron desviadas al Ministerio de Salud.
El escándalo del vacunatorio VIP ocurrió en febrero de este año cuando se divulgó la existencia de vacunados sin esperar el correspondiente turno para conseguir inmunización contra el coronavirus en el Hospital Nacional Alejandro Posadas de Morón.
La PIA consultó a cuántas personas se inocularon en las instalaciones del Ministerio de Salud el 18 de febrero: «Se vacunaron 10 personas por orden del sr Guille en el Ministerio de Salud el, a las que se les entregó el correspondiente carnet de vacunación». Ese día fueron inoculados: Seza Manukian, Horacio Verbitsky (aunque se lo consignó como Verbitsky), Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Felix Eulogio Guille, Florencio Aldrey, Jorge Enrique Taiana, Salomón Schachter y Eduardo Felix Valdes, detalla el informe.
El escándalo provocó la renuncia del entonces ministro de Salud Ginés González García.
En ese entonces el Gobierno difundió una lista de 70 personas que habían sido inoculadas con la Sputnik V antes de que les tocara el turno correspondiente ya que en esa época la prioridad era el personal de salud. A raíz del escándalo se inició una causa penal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. El fiscal del caso es Eduardo Taiano.
Críticas del Gobierno
El Ministerio de Salud cuestionó el informe que afirma que 385 personas fueron inmunizadas de manera irregular en el Hospital Posadas, donde funcionaba un Vacunatorio VIP que se encuentra bajo investigación de la Justicia.
“Las conclusiones del informe recibido por la fiscalía, difundidas en los medios de comunicación, son incorrectas”, expresó la cartera dirigida por Carla Vizzotti.
La cartera sanitaria señaló que se instruyó “a la dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud a ponerse inmediatamente a disposición de la fiscalía para aclarar el marco conceptual y propiciar la interpretación correcta del informe elaborado por la PIA”.
”El REFEPS es un registro voluntario de profesionales de la salud que no comprende a la totalidad de la definición de personal de salud consensuada para la vacunación, sino que incluye a quienes tienen matrícula y han decidido registrarse voluntariamente”, justificaron desde Salud.
Según el organismo conducido por Vizzotti, ”el REFEPS incluye un conjunto de profesionales con matrícula por lo que no incluye, a modo de ejemplo, a técnicos de laboratorio, camilleros, administrativos o personal de maestranza, que también son considerados personal de salud y están incluidos dentro de la población objetivo para su vacunación”.
El Ministerio de Salud argumentó además que “en el mismo informe de la PIA se incluye una definición de personal de salud más amplia que el REFEPS”. Y a su vez, consideró: “El Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la República Argentina, aprobado por Resolución 2883/2020, define a Personal de Salud a ‘toda persona que realice tareas y/o preste servicios en establecimientos de salud, públicos o privados, cualquiera sea la relación contractual a la que se hallaren sujetas’”.
