El Gobierno quiere crear un «tribunal intermedio» para limitar a la Corte en causas de corrupción 

El Poder Ejecutivo avanza a paso acelerado para presentar el polémico proyecto que podría sumarse al sumario de sesiones extraordinarias. 

El gobierno de Alberto Fernández avanza a paso acelerado para presentar un proyecto que incluya la creación del denominado tribunal intermedio de arbitrariedad, que entre otras facultades tendría la tarea de analizar los recursos procesales en causas de corrupción, que hoy son responsabilidad de la Corte Suprema.

“Se está armando. Y podría sumarse al temario (de extraordinarias)”, anticiparon dos funcionarios cercanos al Presidente que transitan los pasillos de la Casa Rosada. Dicho proyecto parte de las recomendaciones que el Consejo Consultivo le entregó a Fernández hace un mes- coincide con las renovadas críticas a la Corte de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el reciente pedido de “indulto o amnistía” para el vicepresidente Amado Boudou, expresado por funcionarios y militantes del kirchnerismo duro a través de una solicitada.

Traducido, la Corte perdería incidencia en las causas de corrupción si se llegara a crear este polémico tribunal.

“Que hay que modificar el funcionamiento de la Justicia es algo en lo que coincidimos todos. El macrismo destiñó todos los procesos con irregularidades, y pareciera que los juicios no fueron justos. Hay que analizarlos, no como hizo la Corte, y más tratándose de un ex vicepresidente“, expresó una fuente cercana al Presidente.

Lo hizo en referencia al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite al máximo tribunal rechazar, sin la necesidad de dar argumentos, recursos como el presentado por la defensa de Boudou en el caso Ciccone. La ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, están involucradas en dar las puntadas finales al borrador de la nueva iniciativa, que recoge experiencias de otros países, como España (donde trabaja uno de los integrantes de la comisión, Enrique Bacigalupo, muy respetado por el Presidente) que tienen un sistema similar y en la que Alberto Fernández “está involucrado personalmente”, según altas fuentes oficiales.

La creación del tribunal intermedio, razonan en el kirchnerismo, “aliviaría” a la Corte de tratar buena parte de las 23.000 causas que le llegan por año, muchas de las cuales resuelve a través del artículo 280. La creación de este “filtro procesal” fue el único que Fernández destacó de manera explícita en su encuentro con los integrantes del Consejo, entre los cuales se destaca el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi.

“Estamos pensando procedimientos para que la Corte cumpla con sus objetivos”, dijo Beraldi luego de ese encuentro y de que la vicepresidenta Cristina Kirchner acusara a través de una carta a la Corte de “encabezar y dirigir el proceso de lawfare” contra “dirigentes y exfuncionarios kirchneristas”.

En el oficialismo relativizan las críticas que desde la oposición ya se hicieron a la creación de este tribunal intermedio, al que caracterizaron como “inconstitucional”. Y aclararon que, en el corto plazo, intentarán “conseguir el número” en el Congreso para aprobar la reforma del Ministerio Público Fiscal, que limita a cinco años (prorrogables por otros cinco) la duración del mandato del procurador, y elimina el requisito de los dos tercios del Senado para su nombramiento. También está en carpeta reflotar la reforma judicial que licúa en los hechos el poder de los jueces federales, destinatarios también del enojo de la vicepresidenta, procesada en distintas causas como Hotesur, Los Sauces o el Memorándum con Irán.