Exigen que la Corte bonaerense revea las prisiones domiciliarias
El fiscal ante el Tribunal de Casación bonaerense, Carlos Altuve, solicitó al máximo tribunal de la Provincia que revoque el fallo por el cual se habilitó la morigeración de condiciones de detención en un contexto de pandemia.
Luego de que el Tribunal Penal de Casación firmara un habeas corpus colectivo que desembocó en una ola de excarcelaciones y arrestos domiciliarios como consecuencia de la pandemia de coronavirus, Carlos Altuve, fiscal ante el Tribunal de Casación bonaerense, solicitó este lunes a la Corte Suprema de Justicia que el mismo sea revocado.
“Se ha vulnerado la garantía del juez natural que debe conocer en la situación de privación de libertad de las personas que se encuentren a su disposición, otorgando el arresto domiciliario a un numero indeterminado de personas”, sostuvo la fiscalía en su presentación, donde Altuve considera «de una extrema gravedad institucional, con una ostensible falta de argumentación» el fallo por el cual el juez Victor Violini habilitó las excarcelaciones a los detenidos que forman parte de los grupos de riesgo o que hayan sido involucrados en delitos leves.
“No es mi objetivo alzar una barrera que obstaculice la toma de las medidas urgentes, esenciales e imprescindibles para resguardar la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Sin embargo, considero que tales medidas no deben ser tomadas con afectación a la distribución de competencias constitucionales y legales, ni mediante la vulneración de las leyes que ordenan el funcionamiento de la administración de justicia penal. Tampoco deben tomarse medidas que desconozcan abiertamente la letra expresa de la ley ni extraerse de la mera voluntad del juzgador”, explica el la fiscalía en su pedido.
La medida repercutió en 599 moderaciones en condiciones de detención y reuniendo los casos de detenidos que cumplieron su condena o se encuentran bajo libertad condicional, la cifra asciende a 2.200 reclusos que abandonaron las cárceles en los últimos días.
Cabe destacar que la Cámara de Casación bonaerense justificó su decisión en las condiciones de riesgo de ciertos detenidos ante el contexto de coronavirus, y el hacinamiento en la que viven los presos que forman parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde en un espacio que permite alojar a 25.000 personas actualmente cumplen condena 44 mil reclusos.
Sin embargo, luego de que la decisión judicial se hiciera pública, el Procurador General Julio Conte Greand señaló e investiga casi 150 resoluciones por las cuales se vio beneficiada cierta parte de la población carcelaria que se encuentra condenada con delitos graves que exceden los señalados por el fallo original.
Además, la polémica se agudiza si se tiene en cuenta que el Ministerio de Justicia cuenta con solo 1950 tobilleras electrónicas para monitorear los movimientos de los detenidos de carácter domiciliario, las cuales están todas siendo utilizadas en la actualidad, dejando a las claras la dificultad de control que hay en las nuevas morigeraciones.
