Las nuevas modificaciones de la Ley Ómnibus: de qué se tratan

Publicado el 02/02/2024

El Gobierno realizó nuevos cambios en el escrito para destrabar la negociación con la oposición «dialoguista» y lograr su aprobación.


El Gobierno envió un nuevo texto con modificaciones para destrabar la negociación con los “dialoguistas” y lograr la media sanción a la Ley Ómnibus.

El nuevo escrito se acordó en el día de ayer, durante la segunda jornada de debate en el Congreso e incluye varios artículos nuevos de los cuales se destacan dos de los puntos que corrían riesgo de caer rechazados: privatizaciones y facultades delegadas.

En cuanto a las privatizaciones, se modificó el listado final de empresas que pueden ser vendidas, en principio eran 39, ahora son 30. stas incluyen tres empresas que solo podrán ser privatizadas parcialmenteBanco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, muy resistidas por la oposición dado que son consideradas estratégicas.

Entre las empresas que quedaron fuera de la lista se destacan Fabricaciones Militares, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Dioxitek, Fábrica Argentina de Aviones, Casa de Moneda, Radio Nacional de Universidad del Litoral, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimiento Minero de Agua de Dionisio.

En ese sentido, el nuevo capítulo se divide con tres artículos, con sus respectivos anexos, en donde están indicadas las empresas sujetas a privatización total y otro listado con privatizaciones parciales, lo que ayudaría a que los votos negativos de la oposición sean escasos, acercando a aquellos que proponían aprobar “empresa por empresa” cada privatización.

Para todo ello, se compondrá una Comisión Bicameral con seis diputados y seis senadores informada por el Ejecutivo, así como a modalidad y el procedimiento escogido para vender las empresas, del pliego de condiciones 15 días antes de su publicación y cualquier circunstancia relevante que se produzca. En tanto, señala que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) actuarán en colaboración permanente con la bicameral.

Asimismo, antes de que se inicie el proceso de privatización, a Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos.

Por el lado de las emergencias y las facultades delegadas, se eliminó la emergencia fiscal y previsional.

Dentro del proyecto se declara la emergencia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa hasta el 31 de diciembre de 2024. Este plazo podrá ser prorrogado por el Congreso por el plazo máximo de un año.

Con información de Infobae