Según consignan fuentes judiciales, en el expediente se investiga cómo se financió la actividad electoral bonaerense del frente oficialista el año pasado, tras la denuncia de que en la nómina de aportantes figuraban personas que aseguraron no haber donado el dinero y que, además, serían beneficiarios de planes sociales.
“Confío en ella, pero le pedí la renuncia preventivamente para demostrar que no somos todos lo mismo”, informó la funcionaria durante una conferencia de prensa este miércoles, en la que anunció nuevas medidas sociales.
“No tengo ningún elemento que demuestre su involucramiento. Pero esta renuncia preventiva responde a que no somos todos lo mismo. Cuando la gente nos votó en 2015 no sólo quiso un cambio de gestión sino también de valores. Y esto es lo que decidí hasta tanto todo esto se aclare en la justicia”, sostuvo.
La acusada había sido designada como contadora general de la provincia de Buenos Aires este lunes, en reemplazo de Gastón Messineo. Desde el gobierno bonaerense señalaron que el pliego de Inza ya se había aprobado en la legislatura provincial «antes de que explote» la investigación sobre los aportantes y su derivación judicial.
