Sigue la polémica por los cruces entre Vidal y el presidente de la Corte bonaerense
Luego de las declaraciones del titular del máximo tribunal de la Provincia, Eduardo De Lázzari, que advirtió sobre irregularidades en la Justicia al hablar sobre “causas armadas” y “abuso de arrepentidos”, llegó la respuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal y hasta del Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand.
La gobernadora dijo que “si cree que hay causas armadas o persecuciones, está obligado a denunciarlo” y ahora el procurador denunció las declaraciones del titular de la Corte del distrito para que la Justicia impulse o no una causa.
Conte Grand busca que la Justicia investigue los dichos del magistrado y pidió que le envíen una copia de las declaraciones de De Lázzari, con el objetivo de “dar intervención al señor fiscal general del departamento judicial de La Plata, Héctor Vogliolo”.
El conflicto empezó el viernes pasado cuando se difundió el discurso que De Lázzari había dado en el acto inaugural de las V Jornadas de Actualización de la Red de Jueces Penales Bonaerenses, donde con otros magistrados de la Provincia advirtió que en los tribunales federales se estaban dando situaciones de “abuso del proceso judicial penal”.
“Estoy hablando de causas armadas artificialmente; de abusos de testigos de identidad reservada; de arrepentidos; de factores de presión que inducen, fomentados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas, y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde actúan influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados”, afirmó.
En respuesta, la presidencia de la Suprema Corte bonaerense difundió un comunicado para aclarar los dichos de De Lázzari. Indicaron que “advirtió que comenzaban a registrarse situaciones conflictivas en la Provincia, a semejanza de lo que es conocido en la órbita federal en donde se está sustanciando una trascendente causa en el Juzgado Federal de Dolores, con intervención de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y del Tribunal de Casación Penal”.
Además, señalaron que “no particularizó los casos en sede provincial por la reserva que impone el estado de las respectivas actuaciones” e indicaron que una de las situaciones a las que aludió era la del suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, imputado por brindar ilegalmente información a un procesado, lo que motivó su suspensión por la Suprema Corte y juzgamiento en sede penal.
Además de la denuncia de Conte Grand, se envió una copia del discurso de De Lázzari a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración, para determinar si algún funcionario o empleado del Ministerio Público provincial sabe de la existencia de causas armadas o abuso de arrepentidos, según detalló Clarín.
