¿Recuperar lo robado, descubrir a los coimeros, transparentar o qué?

El Gobierno parece haberse puesto el objetivo de dejar en claro quienes fueron los que recibieron coimas de la compañía brasileña Odebrecht en el marco del Lava Jato. Quién puso la plata ya se sabe, lo importante ahora es saber quién la recibió. Y se supone que esto es de lo que deberíamos enterarnos el jueves. Ahora eso, ¿será posible? En la Casa Rosada saben que no es fácil.

Más allá de la presión pública contra Alejandra Gils Carbó (hoy mismo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el marco de la renuncia de la canciller Malcorra, le dedicó unos párrafos duros a la jefa de los fiscales), en Gobierno conocen que existe un acuerdo entre fiscales de países involucrados en el caso para compartir información sin hacerla pública. Tal es así que esta mañana llegó a la procuración, a través de la Cancillería, un oficio dirigido a la Procuradora General Argentina de parte de su par brasileño, ratificando lo acordado aquella vez: los datos deben permanecer «en secreto».

Para el Gobierno argentino, este es un acuerdo entre fiscales, con lo cual no existe imposibilidad para que la información una vez en el país sea divulgada. Peña planteó en ese sentido que si hay algún requerimiento legal que impida esto, entonces intervendrá la Oficina Anticorrupción.

Hay quienes aseguran que esto podría generar una recusación y poner en peligro la causa. La estrategia de la Rosada, es exponer a la kirchnerista Gils Carbó, como la responsable de no querer difundir la información para cubrir a aquellos ex funcionarios K involucrados.

Para esto habrá que esperar hasta el jueves si es que Brasil logra llegar a tiempo con el requerimiento argentino, ya que la justicia de ese país está hoy absolutamente absorbida por el caso Temer.

Recordemos que hasta hoy la firma ofreció una compensación similar al monto de los sobornos admitidos (unos 35 millones de US$), pero en el Gobierno creen que esa cifra es muy baja y van por más.