Polémica por el artículo de la reforma judicial que busca controlar a los medios

Los integrantes de Juntos por el Cambio (JxC) repudiaron la cláusula que obliga a los jueces a denunciar presiones «de los poderes mediáticos», una incorporación imprevista, impulsada por el senador Oscar Parrilli, uno de los más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El dictamen del proyecto de ley de la reforma judicial impulsado por el oficialismo ingresó este jueves 20 de agosto a Mesa de Entradas del Senado y está listo para ser debatido el próximo jueves. Sin embargo, en la Cámara alta el texto tuvo una serie de modificaciones sobre el original, pero todas las miradas recaen en una polémica cláusula contra los medios de comunicación que agregó el kirchnerismo.

Este cambio fue impulsado por el senador Oscar Parrilli, uno de los más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Se trata del artículo 72 inciso E, en el que se obliga a los jueces federales a informar al Consejo de la Magistratura si reciben «cualquier intento de influencia» por parte de «poderes políticos, económicos o mediáticos», entre otros.

“Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”, dice el texto, a diferencia de la versión original en la que no se incluía la palabra «mediáticos» aunque sí todas las demás.

Durante el debate en comisión, el propio Parrilli hizo alusión en reiteradas oportunidades a su intención de incluir la palabra «medios» en la ley. “Si bien luego dice de ‘amistades o grupos de presión’, acá es necesario explícitamente hablar de los poderes mediáticos. Hemos visto los últimos años en los medios de comunicación cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar y desprestigiar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso o causa. Aquí debemos agregar explícitamente el término mediático porque así ha ocurrido en los últimos tiempos”, manifestó.

Ante estas declaraciones, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) ya había advertido sobre el «riesgo que implica para la libertad de expresión, el derecho a la información y el debate democrático que se promuevan normas arbitrarias y sin antecedentes en el mundo, que terminen inhibiendo el libre y pleno ejercicio periodístico en nuestro país».
«Ello deja en claro que el objetivo es promover mecanismos de intimidación, autocensura o silenciamiento del periodismo a la hora de informar, investigar, opinar o criticar la labor judicial», agregaron desde Adepa.

Y concluyeron: «Uno de los papeles constitucionales de la prensa en la democracia es, justamente, ejercer -por delegación ciudadana y a través de sus distintas voces, representativas de diversos sectores de la sociedad- su función de auditoría frente a los poderes del Estado, incluyendo obviamente el judicial. Establecer inhibiciones revestidas de giros grandilocuentes, pero que en definitiva buscan acallar esas voces, lejos de permitir un debate abierto y vigoroso que mejore y transparente la administración de Justicia, contribuirá a hacerla más opaca, más presionable, menos efectiva y menos cercana a la ciudadanía».

Cruce con Sabsay

Por este tema, Parrilli también tuvo un cruce con el abogado constitucionalista, Daniel Sabsay, quien remarcó su «preocupación» por «el grave ataque a la libertad de expresión, porque se habla de que los jueces tienen que denunciar las presiones mediáticas».

Ante esto, Parrilli sonrió y el abogado respondió: «Sí, usted se ríe porque a usted no le importa la libertad de expresión. A mí sí me importa, porque la independencia de la justicia y libertad de expresión son las bases de una democracia real».

«Respeto la opinión política como tal, y obviamente tenía que saltar al final con lo que saltó, la defensa de los poderes mediáticos», manifestó Parrilli.

Fuerte rechazo de la oposición

La exministra de Seguridad nacional y titular de Pro, Patricia Bullrich, utilizó las redes sociales como canal para repudiar el dictamen. «Todo el proyecto de reforma judicial del kirchnerismo es espurio, pero quizás lo más llamativo es la posición en la que dejan al periodismo: licuar la libertad de expresión para sentar a los periodistas en el banquillo de los acusados. Jueces denunciando periodistas. Clarito, no?», tuiteó.

Maximiliano Ferraro, otro presidente de partido, en este caso de la Coalición Cívica, expresó en Twitter: «La Reforma Judicial no soluciona los problemas del servicio de justicia que padecen miles de ciudadanos comunes, solo persigue un único objetivo: impunidad. Pero no les alcanza, ahora legalizan la censura previa y pretenden afectar y limitar la libertad de expresión».

Todo el proyecto de reforma judicial del kirchnerismo es espurio, pero quizás lo más llamativo es la posición en la que dejan al periodismo: licuar la libertad de expresión para sentar a los periodistas en el banquillo de los acusados. Jueces denunciando periodistas.

El senador nacional Esteban Bullrich también hizo referencia a la espera de la oposición para poder acceder al dictamen. «Hoy el oficialismo avanzó con la reforma judicial dándole dictamen (al que no pudimos acceder) a un proyecto que busca dar impunidad a algunos y que no resuelve los verdaderos problemas de la gente», publicó en su cuenta de Twitter el legislador de Pro.

«La película me recordó los 90 cuando había cero transparencia y se mandaban estas aprobaciones de dictámenes en las tinieblas. Grave por el contenido y el método. Fuerte retroceso promovido por la Reina del Hielo», escribió el senador. Respecto al artículo 72 del dictamen, que refiere a los medios, Bullrich sostuvo que «representa un ataque directo a la libertad de prensa».

El diputado Luis Petri, activo en su cuenta de Twitter, fue conciso y contundente: «A partir de ahora la libertad de prensa puede ser considerada presión mediática y denunciada. Sin prensa libre no hay democracia».