Magistrados y la oposición rechazaron la limitación del mandato de los jueces

Consideran que la iniciativa planteada por Alberto Fernández podría atentar contra la independencia del Poder Judicial y advierten sobre “presiones indebidas”. Agregaron que el debate solo es posible mediante una reforma constitucional.

La Asociación de Magistrados rechazó las “expresiones” del presidente, Alberto Fernández, sobre la posibilidad de discutir la duración de los mandatos de los jueces.

La entidad que nuclea a jueces, fiscales y funcionarios de alto rango del Poder Judicial recordó que “el plazo de vigencia del nombramiento de los magistrados sólo encuentra el límite por edad previsto en el artículo 99 de la Constitución Nacional, y su férrea previsión se vincula directamente con el aseguramiento de la independencia del Poder Judicial”.

“Resultaría contraproducente que un magistrado, quien debe resolver los casos con total independencia de espíritu, se lo someta a recibir presiones indebidas ante una eventual próxima renovación en su cargo”, advirtió el documento.

Con las firmas del presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle, y del secretario, Enrique Comellas, el texto proclama que “la eventual modificación” del carácter vitalicio hasta los 75 años de edad de los magistrados “concierne con exclusividad al poder constituyente”.

De tal modo, cualquier eventual modificación debería producirse a través de una reforma constitucional. Aun así, la Asociación consideró que no es el momento para abrir una discusión de esa naturaleza. “No estimamos adecuada la presente discusión en el marco de la delicada situación que atraviesa el país, urgida por otras numerosas prioridades”, resumió el documento.

Legisladores de la oposición

Desde la oposición fueron durísimo con la propuesta del presidente. “La propuesta del Presidente es totalmente ajena a nuestro sistema institucional y a nuestras tradiciones. Además de que sería una innovación rarísima, requeriría una reforma constitucional porque la Constitución dice que los jueces conservan su empleo mientras dure su buena conducta, es decir que son vitalicios o hasta que alcancen la edad de 75 años”, sostuvo el diputado del PRO Pablo Tonelli.

Tonelli, que además es representante del Consejo de la Magistratura, donde se eligen y sancionan a los magistrados, agregó: “No tiene ninguna utilidad. Más bien me hace pensar en las intenciones siempre presentes o latentes del Gobierno de querer conquistar y tener una Justicia amañada e integrada por jueces que le responda y que no sean independientes”.

En la misma línea salió a cuestionar al Presidente el diputado y jefe del bloque de legisladores de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. “El Presidente ya no sabe qué hacer para que no haya Justicia. Ya no importa si el profesor de derecho lo dice de bruto, de autoritario o de sumiso, lo dice y lo quiere hacer”, sostuvo.

El diputado del PRO Waldo Wolff también se sumó a los cuestionamientos. “Más allá de cuestionar la Constitucionalidad de su propuesta, la intangibilidad de los jueces está garantizada para que tengan independencia. En el Consejo de la Magistratura ya existen los mecanismo para removerlos si incumplen con sus funciones. Hay sindicalistas que hace 30 y 40 años que están en su cargos y gobernadores feudales como Gildo Insfrán que más de 20. De eso debería preocuparse el presidente“, sostuvo Wolff.

El diputado del PRO por Santa Fe y precandidato a senador Federico Angelini también se sumó a las críticas y apuntó al rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner. “El Presidente cumple con los mandados de su vice para intentar influir en el Poder Judicial y continuar con el plan de impunidad para Cristina Fernández. La obsesión del Kirchnerismo con manejar la Justicia es tal que durante el actual gobierno pasó a ser su máxima prioridad, por encima de la gestión de la seguridad, la actividad económica, la salud y la educación, que son las principales preocupaciones de la gente”, se despachó.

Desde que asumió el Presidente, el Gobierno redobló la presión a la Justicia. Impulsó la reforma judicial -hasta ahora paralizada- y busca modificar la Ley del Ministerio Público Fiscal para desplazar al procurador interino Eduardo Casal y nombrar a uno propio. Este iniciativa viene con problemas. Aunque tiene media sanción en el Senado, en Diputados el kirchnerismo no consigue los apoyos necesario para sacar la ley.