Los representantes de las cámaras inmobiliarias, de propietarios y de desarrolladores de viviendas, hablaron en conferencia de prensa y mostraron su repudio a la nueva ley de alquileres impulsada por el Gobierno.
Aseguran que la iniciativa, así como está escrita, traerá conflictividad entre inquilinos y propietarios y provocará un retiro masivo de propiedades en alquiler con el consiguiente aumento de los precios.
Los empresarios se reunieron para advertir sobre “los efectos perjudiciales del proyecto” oficial, aprobado por la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados.
“La ley tiende a intentar solucionar el déficit habitacional con medidas muy populistas, pero que dañan profundamente la inversión y la confianza de los demás agentes económicos que participan en el mercado inmobiliario”, señaló el presidente de la institución, Armando Pepe.
Además, Pepe advirtió que el tema puede llegar a judicializarse porque, si la ley es aprobada por el Congreso antes del 30 de noviembre, las cámaras están dispuestas a presentar un amparo y “llegar hasta la Corte Suprema si es necesario“.
El presidente de la Cámara de Propietarios, Enrique Abatti, recordó que se está dando la rentabilidad histórica más baja en los alquileres, en el orden del 3% anual y que la iniciativa solo agudizará el déficit habitacional, dado que “se van a retirar los inmuebles de la oferta”.
Armando Pepe y el titular de la Cámara Inmobiliaria, Alejandro Bennazar, fueron el lunes a la Cámara de Diputados, a una reunión con el diputado nacional Daniel Lipovetsky y el secretario de la Vivienda de la Ciudad, Iván Kerr. Según Pepe, los funcionarios tomaron nota de los reclamos pero no ofrecieron respuestas.
Ese día, las inmobiliarias pidieron la revisión de algunos temas. Entre otros, mantener en dos años el plazo de los contratos, la autonomía de las provincias en leyes arancelarias y de honorarios; el derecho al cobro de honorarios para las inmobiliarias; que no se incluyan, en el proyecto, las locaciones comerciales y que sólo quede involucrada la vivienda única, si se trata de paliar un problema social.
También, que la garantía sea a elección del propietario y que los alquileres se ajusten por el valor UVA, y no por el coeficiente de variación salarial e inflación (CVS/IPC), como proponen los inquilinos.
