Pese al pedido de la fiscalía, Lázaro Báez deberá pagar $632,5 millones para salir de la cárcel

El fiscal Abel Córdoba había recomendado ayer al TOF4 reducir la fianza a $386 millones, pero los jueces del Tribunal optaron por mantener el monto original.

Pese a que en las últimas horas el fiscal Abel Córdoba había ordenado reducir la fianza que deberá pagar Lázaro Báez para salir de la cárcel, este viernes el Tribunal Oral Federal 4 ratificó la decisión tomada inicialmente, y el empresario tendrá que desembolsar 632,5 millones de pesos para abandonar el penal de Ezeiza.

La última semana la Sala IV de la Casación había ordenado había ordenado al mencionado TOF4 que excarcelara al contratista bajo las condiciones establecidas por el fiscal Córdoba, quien fijó una fianza de 5 millones de dólares y la colocación de una tobillera electrónica para que Báez pudiera gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, pero ante el reclamo del nacido en Corrientes para que se redujera la caución, se disminuyó el mismo a 386 millones de pesos.

Pese a la vuelta atrás, este viernes el tribunal integrado por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado resolvió mantener la fianza original de 632,5 millones de pesos, en un fallo en el que explica que se fijará como monto «el que ha sido determinado conforme la equivalencia peticionada oportunamente por la Fiscalía General, en el marco de la prudencia que exige la apreciación de una caución real de estas características».

Al respecto, se agrega que una vez que alguna de las partes ofrezca alternativas para abonar la caución, «corresponderá su análisis, sin que ahora debamos expedirnos respecto de una habilitación en ese sentido», y en consecuencia «continúa vigente la prisión preventiva dispuesta respecto de Lázaro Antonio Báez en las presentes actuaciones hasta tanto se cumpla con la caución real fijada, toda vez que debe ser otorgada antes de ordenarse su libertad».

Cabe destacar que la liberta de Báez se encontraba en diferentes estados en las tres causas que recaen contra su persona. En la «Ruta del dinero K», el principal expediente, fue definido el cese de su arresto en 2019, al igual que en el caso por la compra de un campo en Uruguay, pero el empresario permanecía en prisión por la investigación respecto a la empresa «M&P», utilizada para lavar 200 millones de pesos.

Es respecto a esta última causa que la fiscalía había fijado los 5 millones de dólares como caución para permitírsele el arresto domiciliario definitivo, el cual se estableció «tomando como base a las maniobras que consistieron en el movimiento de fondos -varias veces millonarios en dólares- en el exterior durante el juicio».