La Corte Suprema suspendió la entrega de 180 hectáreas a mapuches en Bariloche
El máximo tribunal falló a favor del Ejército Argentino, quien reclamó el lugar ya que se utiliza para el entrenamiento de la fuerza.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) suspendió la entrega de tierras a una comunidad mapuche en la ciudad de San Carlos de Bariloche tras un reclamo planteado por el Ejército Argentino.
La entrega de los terrenos ubicados en el faldeo suroeste del cerro Otto había sido ordenada por un fallo de primera instancia, en favor de la comunidad Millalonco-Raunquhue, que reclamó la titularidad.
El pedido del Ejército sostiene que los terrenos son usados para el entrenamiento de los integrantes de la fuerza. El territorio de 180 hectáreas se ubica exactamente a 12 kilómetros del centro de Bariloche, camino al cerro Catedral y a la margen norte del lago Gutiérrez.
El referente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto celebró a través de Twitter la decisión de los magistrados: «La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió con gran responsabilidad y prudencia suspender la entrega de 180 hectáreas del ejército a pseudomapuches en Bariloche, provincia de Río Negro. “Viva la patria”».
Recordemos que Pichetto, además de ser fiel defensor de la propiedad privada, presentó una denuncia junto al senador nacional, Alfredo Cornejo, contra la cesión de 22.000 hectáreas a comunidades autopercibidas mapuches en Mendoza.
El fallo inicial a favor de la comunidad mapuche fue de la jueza subrogante Silvina Domínguez, quien resolvió que el Poder Ejecutivo Nacional transfiriera al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la posesión del predio.
La decisión generó numerosas críticas en la sociedad barilochense, y en paralelo fue recurrido por los apoderados del Ejército. En segunda instancia, llegó trámite a la Cámara Federal, donde fue considerado «extemporáneo». Luego de esa resolución, tanto el Ejército como la Procuración General de la Nación, acudieron a la Corte.
En ese sentido, el Procurador Eduardo Casal afirmó que el fallo de la jueza Domínguez incurría en «graves afectaciones de la legalidad, del debido proceso legal y de los intereses generales de la sociedad que se encuentran comprometidos, toda vez que el avance hacia el cumplimiento de la decisión profundizará aún más los perjuicios señalados».
Finalmente la Corte se expidió y dispuso que se suspenda el curso del proceso, por considerar que existe gravedad institucional en la gestión en la que intervinieron los organismos del Estado para ordenar la adjudicación de los terrenos a la comunidad mapuche que los reclama.
