Juicio Político: el Gobierno pidió citar a los 4 magistrados y a 44 testigos
El proyecto de juicio a la Corte, impulsado por el Gobierno y con la firma de 12 diputados, ya ingresó al Parlamento y se solicitó que sean citados los 4 titulares del máximo tribunal.
El Frente de Todos formalizó el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia a través de la presentación del proyecto. Además, desde el oficialismo solicitaron que sean citados los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, aunque de formalizarse ese pedido no tienen la obligación de presentarse.
A sí mismo, se requiere la presentación de Silvio Robles, vocero del juez Rosatti y de Marcelo D’Alessandro. También requieren la presencia de los gobernadores que suscribieron, junto al presidente Alberto Fernández, el pedido de enjuiciamiento a la Corte.
En total serían 48 testigos, en el documento el Gobierno pide que citen a “todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”.
En el proyecto se sostiene que “el juicio político que se promueve resulta ser un proceso constitucional llevado a cabo por un órgano constitucional (el Congreso de la Nación) con una función específica y exclusiva, tal como es la de analizar la responsabilidad política de los magistrados acusados y juzgar si aún mantienen la idoneidad necesaria para continuar ejerciendo adecuadamente el cargo que detentan, y de esta forma garantizar la calidad institucional, la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial”.
Por último, en el documento concluyen que “el proceso que se promueve tiene por finalidad proteger el principio constitucional de idoneidad –tanto técnica como ética– de los magistrados en el desempeño de su cargo, característica que debe permanecer durante todo su ejercicio y que, como tal, y atento a las causales admitidas, abarca no sólo los supuestos de mal desempeño en el ejercicio de la función, sino también aquellos desórdenes de conducta que afectan la investidura personal del magistrado y extienden la afectación a toda la magistratura judicial”.
