El Gobierno busca bajar a 15 años la edad de imputabilidad

Published On 07/01/2019

La casi nula repercusión negativa que -según el Gobierno- tuvo la implementación de las pistolas Taser en aeropuertos y trenes, los decidió a avanzar en algunos proyectos cajoneados.

Uno de ellos es el nuevo Régimen Penal Juvenil, un pedido que Mauricio Macri les había hecho a sus asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña electoral legislativa de ese año. Pero ahora recobró impulso en las últimas horas, y el Presidente planea enviarlo al Congreso para intentar reunir consenso con la oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero.

La principal novedad en la letra del texto, tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad: de 16 años pasará a 15, para los delitos más graves; y no a 14 como impulsaba el sector más duro.

En el Gobierno hablan de un “cambio cultural” que permite plantear algunos debates que, años atrás, generaban prurito a la clase política. Con las diferencias de criterio internas ya saldadas, en el oficialismo aspiran a que el consenso con un sector del peronismo federal les permita avanzar en el Congreso, ya descontando que el kirchnerismo se opondrá.

El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves: homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas de fuego. Los mayores de 16 años y los menores de 18 años, en tanto, serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez años.

Según el artículo 50 del proyecto, se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión se le podrá imponer a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua” para los menores.

Además se incorporan “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos”, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.

Voces en contra

Algunos dirigentes de la oposición ya mostraron su repudio a la intención oficialista. Es el caso del precandidato presidencial Felipe Solá, quien responsabilizó a Cambiemos por el aumento de la inseguridad y precisó: “Si bajás la edad de imputabilidad, lo que estás haciendo es perder autoridad moral para hablar de la adolescencia después, que es el período más difícil de todos”.

En diálogo radial, el diputado nacional del bloque Red por Argentina aseguró que el Ejecutivo es consciente del aumento “importante” de la inseguridad, pero cuestionó que no se publiquen los datos de “muertes violentas”.

Al mismo tiempo señaló que “mucha gente va a pensar ‘a éste no le interesa la inseguridad, le interesa ganarle al otro’. Y no es así”. Recordó que tuvo un proyecto sobre la temática cuando fue gobernador de la Provincia en coordinación con el Ministerio de Seguridad bonaerense, durante la gestión de León Arslanian (2004-2007).

Además de Solá, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, Pablo Kosiner del PJ Federal, Graciela Camaño, del Frente Renovador, Daniel Arroyo de RedxArgentina y, Daniel Scioli, también salieron a criticar la iniciativa.