El Gobierno acepta la designación de veedores judiciales en el escrutinio provisorio

Aunque rechaza el amparo que presentó del kirchnerismo por el temor a un posible fraude, el Ejecutivo respondió formalmente ante la jueza Servini de Cubría y aseguró que “no tiene objeciones a la idea de que se designen funcionarios judiciales para que fiscalice el conteo de votos”.

En medio de los intensos reclamos de la oposición respecto al escrutinio provisorio de las elecciones primarias, el gobierno nacional dio luz verde a la designación de veedores judiciales para garantizar la transparencia de los comicios que se realizarán este domingo.

Así se expresó el poder Ejecutivo en un escrito que envió a la jueza nacional electoral, María Servini, en respuesta a un amparo promovido por el Frente de Todos contra la empresa a cargo del conteo de votos, Smartmatic.

El Ministerio del Interior declinó cualquier tipo de acusación y dejó en claro que “no tiene objeciones a la idea de que se designen funcionarios judiciales para que fiscalicen las urnas”.

“Sin perjuicio de tratarse de procedimientos de competencia exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo y a fin de garantizar la transparencia del proceso eleccionario, mi representada no encuentra objeción a la designación de veedores judiciales que puedan presenciar todos los procesos técnicos de escrutinio el día de la elección”, indica el abogado que representa al Estado Nacional, Alejandro Amaro.

Durante la mañana de este miércoles, el oficialismo entregó el código fuente del software que se utilizará durante las PASO a la Cámara Nacional Electoral e hicieron una demostración ante los apoderados del resto de los partidos para desestimar cualquier posibilidad de hackeo o fraude, como lo denunciaba el kirhcnerismo.

En el descargo de 38 páginas, la Casa Rosada respaldó a Smartmatic y se opuso a la pretensión de dejar sin efecto la digitalización de telegramas prevista para acelerar la difusión de los resultados. “El cuestionamiento que hubo fue y es de índole política y son de público y notorio conocimiento, pero las discrepancias políticas no son suficientes para acudir ante el Poder Judicial”, sostienen.