Declaró Cristina por la corrupción en la obra pública: «Nunca fui amiga de Lázaro Báez»

Published On 02/12/2019

Juicio oral. La vicepresidenta electa expuso durante 4 horas. Está acusada de liderar una asociación ilícita para direccionar obra pública en beneficio del empresario kirchnerista preso.


Los principales acusados en el juicio por corrupción en la obra pública en Santa Cruz son Cristina Kirchner, que declaró ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) y el detenido empresario Lázaro Báez, conocido como el «zar de la obra pública» en la provincia patagónica durante el kirchnerismo.

«Estamos asistiendo a una clase magistral de ‘Lawfare'», declaró la vicepresidenta electa al inicio del proceso, con fuertes críticas y acusaciones a la Justicia, al gobierno de Mauricio Macri y a los medios de comunicación. Entre los apuntados estuvo el juez federal Claudio Bonadio, uno de los magistrados que impulsó la mayor cantidad de causas que la involucran.

Cristina, que llegó a los tribunales de Comodoro Py minutos antes de las 10, expuso como acusada de liderar una asociación ilícita para beneficiar al exdueño de Austral Construcciones a partir del direccionamiento de contratos de obras al empresario en Santa Cruz. La declaración es ante el TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Se retiró pasadas las 13.30, después de declarar durante más de tres horas.

Sus principales frases

Si alguien tenía alguna duda de la existencia del lawfare en la Argentina, la lectura que acaba de hacer el presidente de este tribunal en donde se nos niega transmitir en vivo y en directo esta de declaración, es una clase práctica de lawfare en la Argentina llevado a cabo por este tribunal.

Todo esto, el plan, fue ideado para una feroz, inédita persecución contra quien fuera presidenta de la República durante dos períodos consecutivos por el voto popular.

Solo tengo una tarjeta de débito, ya que Bonadio impidió que tenga una de crédito. Hasta eso nos sacó. Es inédito, mis hijos y yo solo podemos tener una tarjeta de débito. Esto sucede en la Argentina. Tengo una suerte para los sorteos, siempre me toca Bonadio o Ercolini. Cuántas audiencias hubo señor presidente, para transmitir la acusación en vivo.

De la administración de los sorteos me parece que ya es vox populi, acá en Comodoro Py, hasta una jueza de la casa lo dijo. A mi siempre me tocan los que seguramente me van a condenar. En instrucción y en la oralidad. Fui citada por Bonadio a ocho indagatorias en una sola mañana, delicias de Comodoro Py. Esto solo ocurre acá.

Tampoco sería justo cargar las tintas sobre Ercolini o Bonadio, porque son dos jueces de grado que si son injustos deberíamos tener un sistema de alzada de primera instancia, de Casación y de la Corte para resolver. Se llegó a obligar a jueces a tomarme declaración sin tener elementos de prueba en los expedientes.

Mi única reserva es si la Corte Suprema en estos cuatro años no sabía lo que estaba pasando, con mucha gente privada de su libertad sin que sean ciertas las bases por las que fueron detenidas. Hubo cinco audiencias que fueron transmitidas en vivo y en directo, y la señoría que dirige aquella cámara y la señoría que dirige la otra y en los pasajes más escabrosos del guión fiscal se apuntaba a mi cara.

Esto es el ‘lawfare’ , que los medios de comunicación publiciten cosas que no figuran en el expediente ni que han sido probados. Hemos escuchado las palabras de su santidad (el Papa Francisco) podemos ir también al requerimiento que ha hecho el relator especial de ONU en materia de la presión que se ejerce sobre los jueces. ¿Y qué hizo el Gobierno además de presionar a los jueces? Utilizó el dispositivo del Poder Ejecutivo a través de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para iniciar causas judiciales.

Martín Irurzun te escucha y te mete preso. Con la Dajudeco te escuchan una conversación de una expresidenta con un exsecretario, Parrilli, se difunden y hay medios que anuncian hoy gran función hoy, las conversaciones de Cristina y Oscar Parrilli, sin que a ustedes, responsables de esta casa se les mueva un pelo. No se les ocurre que estas escuchas dependen de ustedes.

Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas. No sé como tuve tiempo para gobernar porque me las pasaba armando asociaciones ilícitas. Ya no soy la jefa de una banda de un empresario de la construcción. Ahora soy jefa de la banda de todos los empresarios de la construcción.
No tuve tiempo para gobernar este país, porque me la pasaba armando asociaciones ilícitas.

El 12 de enero Macri nombró a Javier Iguacel frente a Vialidad, el 13 de enero dijo que debían investigarse los contratos de Austral Construcciones, la empresa de Báez. Estuve dos años sin fueros, por decisión propia, por voluntad propia decidí no tener fueros. Ya estaba en marcha la causa, Bonadio dixit, Hotesur. También dólar futuro. Es más, el juez Ercolini en esta causa donde me acusó como jefa de la asociación ilícita, no me dictó prisión preventiva.

Bastó que sea electa senadora para que pocos días antes dicten mi prisión preventiva cuando ya contaba con fueros. Entonces dijeron que Cristina no va presa porque se amparaba en los fueros. La pidieron porque no se podía y construyeron ese planteo.

Ercolini es el mismo que provocó que mi hija se enfermara, cambió el gobierno y cambió Ercolini, por eso lo llamo el mutante. Me sobreseyó a mí y a Néstor. Fue en 2011 y Néstor había muerto en 2010. Es la primera vez que sobreseen a un muerto. ¿No les parece que tiene impacto que la vicepresidenta electa de la Argentina esté acusada de ser la jefa de una asociación ilícita?
Nunca se filtró una letra ni un suspiro siquiera en los medios de comunicación: bastó que este Gobierno saliente y Comodoro Py se hiciera cargo para que se conociera lo que yo hablaba con Parrilli: ¿es no es lawfare, persecución, por haber sido presidenta de la república argentina?

Un escándalo, una vergüenza, presionando jueces y fiscales, con reuniones públicas que después se publicaban. Yo que estoy acusada de ser jefa de una asociación ilícita, es decir de ser jefa de una banda, me llama la atención que jueces tan sensibles no hayan acusado ello. El Gobierno que se va tenía una mesa judicial que decidía quién iba preso o quién no, o empresarios.

El Gobierno utilizó la Oficina Anticorrupción y la UIF para impulsar las causas judiciales. El rol de la señora Laura Alonso, no abogada, que asume la OA. Se modificó el decreto para que pueda asumir. ¿Quién es el titular de la UIF? Mariano Federici, un exfuncionario del FMI.

Eso no es reprochable, pero Federici viene del HSBC, una entidad financiera que ha sido internacionalmente perseguida por lavado de dinero. Y el HSBC tiene una causa en la Argentina. Podemos hablar de la estructura de la AFI, de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani, y de la causa de dolores, que el tribunal debería tener en cuenta

Obligaron a un juez a tomarme indagatoria en la causa conocida como La Ruta del Dinero K, sin tener elemento de prueba. Ni que hablar de la persecución de mis hijos. Mi hija, que fue fotografiada. Se la pasaron buscando la ruta del dinero K en Las Caimanes. El dinero de la sucesión, el de los plazos fijos que habíamos convertido en dólares no estaban en un paraíso fiscal, estaban a nombre de mi hija, una de las herederas, en un Banco Río, que es un banco nacional.

Nos desapoderaron de todo, alquileres de inmuebles, nada… no percibimos absolutamente nada.

¿Cuándo terminará el mandato el presidente Mauricio Macri? ¿Lo harán terminar a las 12 de la noche del 9 de diciembre? No. Van a ver que hubo una sola sentencia en este caso, una Presidenta que era la que tenía que terminar el mandato antes para no permitirle ir a la Asamblea Legislativa, que era donde correspondiera que yo hiciera el traspaso del mando y de la banda.

Una vez más el Lawfare. Después la prensa decía que ‘no quiso ir a entregar’, y quedó la leyenda: Cristina no quiso entregarle a Macri los atributos del poder. No me dejaron, yo quería ir a la Asamblea, y entonces asumió un presidente provisional (Federico Pinedo), que no fue votado, presidente por 12 horas. 

Siempre asistí a las indagatorias. No fue la misma actitud de todos los de este edificio que después de acusar a medio mundo tardó ocho meses, nueves meses, para ser indagado de cosas gravísimas. Esta audiencia fue convocada por el tribunal para comenzar el 20 de mayo, justo un mes antes que cerraran listas para candidatos a Presidente y vice. Un mes antes me sentaron en el juicio oral por corrupción en la obra pública. Lawfare puro.

Si Lázaro Báez, que siempre vivió en Santa Cruz, ¿por qué Néstor no lo hizo empresario los 16 años que fue gobernador? Ni pintar el nombre en las paredes sabían en Buenos Aires y ustedes dicen que tenía desde Santa Cruz un plan maestro para saquear la obra pública. Pero por favor, digan cosas lógicas. Para mentir hay que saber mentir.

Este juicio está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción que era su amigo de Río Gallegos, para venir a saquear las arcas del Estado. En 1994 se introduce la figura del jefe de Gabinete, responsable de la ejecución del presupuesto. Sin embargo acá no está citado ninguno y no digo que tengan que estar acá. El que ejecuta el presupuesto es él, no el Presidente o Presidenta.

Si es así, van a tener que citar al presidente (electo) de la República, que fue jefe de gabinete de 2003 a 2008. Voy a evitar dar muchas precisiones técnicas, me dijeron que ya lo ha hecho muy bien Nelson Periotti (exdirector de Vialidad). El derecho administrativo es esencialmente delegativo. Es imposible estar al tanto de todo lo que pasa en cada ministerio.

Se rechazaron todas las medidas de prueba que pedimos. El Tribunal Oral eligió cinco obras de las 51 investigadas. Estos hechos ya fueron juzgados y sobreseídos en la provincia de Santa Cruz. Eso muestra la matriz y las pruebas del lawfare.

Los orígenes de la causa

Se inició a partir de una denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel por graves irregularidades en contratos de obra pública en la provincia patagónica, como fuertes sobreprecios. Entre las anomalías que se determinaron en la investigación el juez federal Julián Ercolini, al elevar la causa a juicio oral, advirtió que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con empresas de Báez, por un monto de $46 mil millones.

Según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques hubo una «maniobra de corrupción» organizada entre el Gobierno durante el kirchnerismo y organismos estatales vinculados a la obra pública con los que «se montó una organización criminal» para la «sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez».

Todos están procesados por asociación ilícita y defraudación a la administración pública a raíz del presunto direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez, supuesto pago de sobreprecios e incumplimientos.

No es la única causa en la que está involucrada la vicepresidenta electa, ya que además está procesada con prisión preventiva en la causa por los cuadernos de las coimas (aunque se encuentra en libertad porque tiene fueros como senadora nacional). Además fue enviada a juicio en otras investigaciones como Hotesur, Los Sauces, firma del Memorando de entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA y venta de dólar futuro.

Con información de TN