Cuadernos: el juez Bonadio envió a juicio oral a Cristina Kirchner y a Julio De Vido
Dio por terminada la etapa de investigación. La ex presidenta está acusada de liderar una asociación ilícita en la causa por el supuesto pago de coimas en la obra pública.
El juez federal Claudio Bonadio cerró la investigación de la causa de los cuadernos de las coimas y decidió elevarla a juicio oral y público junto a dos derivaciones de la misma.
En dichos expedientes tiene a la expresidenta Cristina Kirchner acusada de liderar una asociación ilícita que recaudaba sobornos durante su gestión al frente de la Casa Rosada. La pesquisa se basó en las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación. En sus escritos el hombre describió una compleja red de pago de dádivas por la que fueron procesados más de 170 personas.
La causa cuenta con 31 personas arrepentidas que ante la Justicia aceptaron haber participado de este mecanismo ilegal. Entre los acusados que luego se convirtieron en imputados colaboradores se encuentran empresarios y exfuncionarios. Algunos aceptaron haber entregado coimas y otros haberlas recibido. En este punto, hubo una declaración que para Bonadio fue determinante: la de Ernesto Clarens.
El financista reveló haber sido el receptor de las dádivas que otorgaban los empresarios de obra pública. Dijo que el dinero se lo entregaba en mano a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner.
Entre los organizadores de esa asociación ilícita determinada por la Justicia se encuentran el exministro De Vido, Baratta (ambos detenidos), el financista Clarens y quien presidiera la Cámara de la Construcción Carlos Wagner. También la integran José López, exsecretario de Obras Públicas y arrepentido, Claudio Uberti, exdirector del organismo que controló las autopistas por peaje y también arrepentido, entre otros.
Otro desprendimiento del caso Cuadernos fue elevado hoy a juicio: es el que se inició a partir de las confesiones de los empresarios Roggio y Romero, quienes además de admitir haber pagado coimas que cobraba Baratta, señalaron que también aportaron fondos ilegales por los subsidios a los ferrocarriles. Ambos empresarios explotaban subtes y trenes.
Una vez que se conozca el tribunal que llevará adelante el proceso judicial, se establecerá la fecha de inicio del mismo. Se estima que no comenzaría antes del 2021.