Con el rechazo de JxC, el Gobierno presiona por la reforma del Ministerio Público

En un plenario de comisiones, el ministro de Justicia defenderá la iniciativa que propone, entre otros puntos, que el procurador sea designado por mayoría absoluta del Senado y no por los dos tercios, y su mandato tenga una vigencia acotada a cinco años.

El ministro de Justicia, Martín Soria, expondrá en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, cuyo puntos centrales son la elección del jefe de los fiscales para que se designe por mayoría absoluta de la Cámara alta, en vez de por los dos tercios de los presentes y poner un plazo a la vigencia del mandato del Procurador.

Será la primera visita que hará Soria al Congreso desde que asumiera el Ministerio de Justicia, el pasado 29 de marzo, en reemplazo de Marcela Losardo.

El exdiputado expondrá a través del sistema de videoconferencia ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales -que conducen los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Hernán Perez Araujo- sobre la reforma del Ministerio Público.

Si bien en la convocatoria efectuada a Soria se incluye solo el proyecto sobre la elección del jefe de los fiscales y el plazo de duración de su mandato aprobado por el Senado, no se descarta que se refiera a la reforma judicial que también sancionó la Cámara alta.

Rechazo de la oposición

La reunión no contará con la presencia de diputados de Juntos por el Cambio. «En el momento más duro de la pandemia la prioridad del oficialismo es garantizar la impunidad de sus ex funcionarios. El interbloque Juntos por el Cambio no será funcional a una agenda absolutamente ajena a las preocupaciones de millones de argentinos. Reformar el Ministerio Público Fiscal, aprobando la sanción que viene del Senado, implica afectar la independencia de todos los fiscales del país y someterlos al control político del kirchnerismo», expresaron en un comunicado los diputados de ese espacio.

En el Senado, la reforma judicial se sancionó el 28 de agosto del año pasado mientras que la reforma de la ley del Ministerio Público se aprobó el 27 de noviembre, pero el oficialismo de la Cámara baja no había abierto el debate debido a las dificultades de juntar los 129 votos para poder sancionar esos proyectos.

Fuentes del oficialismo confían en que buscarán los acuerdos con los bloques provinciales para tratar de aprobar en primer término los cambios en la ley que regula la actividad de los fiscales, ya que es esa iniciativa es central para avanzar con la elección de un nuevo Procurador.

Los cambios que propone la reforma

El procurador Eduardo Casal está ejerciendo su cargo en forma interina desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en noviembre del 2017.

La principal reforma a la Ley del Ministerio Público modifica las mayorías para designar al jefe de los fiscales.

En la actualidad, se concreta con el voto de los dos tercios de los presentes en la Cámara alta, mientras que con el cambio que deberá ahora debatir Diputados se necesita sólo mayoría absoluta.

El proyecto aprobado también establece que la postulación y designación del candidato no podrá realizarse durante el año electoral en el cual se elija presidente de la Nación.

Asimismo, se establece que el procurador dure en sus funciones cinco años, pudiendo ser nuevamente designado en forma consecutiva por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con nuevo acuerdo del Senado.

Por otro lado, el Procurador General de la Nación al momento de su designación no podrá superar los 75 años de edad.

El proyecto también dispone que el procurador sólo puede ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones.

En ese caso, para la acusación ante el Senado de la Nación, se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, en tanto que para la remoción se necesitan los votos de los dos tercios.

No obstante, el Senado podrá suspender al procurador, mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.