Cómo impacta la litigiosidad en una cobertura que protege a 10,2 millones de trabajadores y un millón de empleadores
Detrás del alcance nacional aparece una tensión persistente que modifica el funcionamiento general y reabre el debate sobre su continuidad
A 30 años de su puesta en marcha, el Sistema de Riesgos del Trabajo evitó 5,1 millones de accidentes laborales y salvó más de 20 mil vidas, según el balance presentado en Buenos Aires por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que al mismo tiempo advirtió que la escalada de juicios amenaza la sostenibilidad de una cobertura que hoy alcanza a 10,2 millones de trabajadores y un millón de empleadores.
El dato que concentra esa alerta es el volumen de demandas: el stock activo supera los 327 mil juicios en trámite y el acumulado histórico asciende a 1,6 millones. La entidad sostuvo que la litigiosidad argentina equivale a 132,9 juicios cada 10 mil trabajadores, una relación 23 veces superior a la de Chile y 16 veces mayor que la de España.
De acuerdo con la cámara empresaria, la mortalidad en el ámbito laboral cayó 79% desde 1996, mientras que el índice de incidencia de accidentes en ocasión del trabajo bajó 54%. La reducción de las secuelas también aparece en el balance: el nivel de incapacidad promedio de los siniestros descendió 29% en los últimos 15 años.
La cobertura alcanza a 10,2 millones de trabajadores y un millón de empleadores
El informe de la UART ubica entre los principales resultados del sistema la expansión de la cobertura y la capacidad de respuesta asistencial. En la actualidad operan 23 ART y mutuales, y en estas tres décadas se atendieron 16,1 millones de siniestros.
La red prestacional brinda 14,1 millones de prestaciones asistenciales por año y realiza 800 mil visitas anuales de prevención a empresas. Más de 74 mil personas participaron activamente del Programa Prevenir, citado por la cámara como una de las herramientas de intervención temprana en seguridad laboral.
La inclusión de sectores antes desprotegidos también figura entre los datos centrales del balance. El sistema incorporó a 550 mil trabajadores de casas particulares y, entre quienes reciben recalificación laboral, el 64% logra reinsertarse activamente en sus puestos o en nuevas tareas.
Durante la pandemia de COVID-19, el sistema cubrió 550 mil casos, según la presentación difundida por la entidad. Ese dato fue incorporado por la cámara dentro de la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias de escala nacional.
El 87% de los juicios corresponde a casos sin incapacidad según Comisiones Médicas
La UART identificó a la judicialidad como el principal problema estructural del régimen. Según la entidad, el 87% de las demandas ingresadas corresponde a casos en los que las Comisiones Médicas determinaron que no existía incapacidad.
La cámara añadió que, una vez en sede judicial, esos expedientes registran en promedio 14 puntos adicionales de incapacidad respecto de las evaluaciones médicas oficiales. Para el sector, esa diferencia distorsiona el funcionamiento del sistema pese a la baja real de accidentes y fallecimientos.
En materia indemnizatoria, el informe señaló que la actualización de las prestaciones es automática por RIPTE y que el plazo de pago es de 15 días. En caso de fallecimiento, el piso prestacional vigente es de $97 millones, con un adicional del 20% por daño moral cuando corresponde, más un pago único de $65 millones en prestaciones adicionales; esos valores se ajustan proporcionalmente para incapacidades graves.
Según la presentación de la UART, la consolidación y correcta aplicación de la Ley 27.348 permitiría orientar los recursos del sistema hacia prevención, asistencia y reparación, con menores costos. La entidad planteó esa condición como la vía para sostener un esquema que, entre 1996 y 2026, combinó una caída sostenida de la siniestralidad con una expansión de la cobertura laboral.
