Argentina se negó a firmar una declaración en la ONU que exige elecciones libres en Nicaragua

Luego de haber llamado en consulta a su embajador para repudiar la detención de opositores, el Gobierno decidió no apoyar un documento del Consejo de DDHH, lo que confirma contradicciones en política exterior.

El Gobierno evitó condenar los abusos del régimen de Daniel Ortega, al negarse a firmar una declaración que sí firmaron casi sesenta países este martes en Ginebra. Fue en el marco de la sesión de la ONU en la que se aguarda el pronunciamiento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. A esta hora, la ex presidenta de Chile aún no habló de Nicaragua.

Lo curioso es que ayer, el presidente Alberto Fernández anunció a través de un comunicado que llamaba a consultas a su embajador en Managua, el dirigente kirchnerista Daniel Capitanich. Lo hizo junto a México y se sumó Costa Rica. La movida fue un gesto de endurecimiento de su posición frente al régimen de Ortega, quien ha llevado una razzia contra dirigentes de la oposición enviando a prisión incluso a aspirantes a las presidenciales de noviembre próximo. El martes pasado le llovieron criticas por abstenerse en la OEA.

Curiosamente, Argentina sí había apoyado la condena que Bachelet hizo en marzo pasado. Pero no firmó una declaración similar a la de este martes que sí suscribieron Estados Unidos, Brasil, Francia, España, entre muchos otros países.

El documento que Argentina no firmó arranca haciendo mención a las «violaciones a los derechos humanos» que se producen en Nicaragua. «Compartimos las preocupaciones del Alto Comisionado sobre Nicaragua, incluida la impunidad persistente por las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables», sostiene.

Y luego continúa pidiendo un freno a las persecuciones: «Instamos al Gobierno a que cese el hostigamiento contra periodistas y defensores de los derechos humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias».

También avanza sobre las trabas que impuso Ortega para el proceso electoral a pocas semanas de los comicios: «Nos preocupa que el Gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 de la Organización de los Estados Americanos, respaldada por este Consejo en marzo».

«Nos preocupa profundamente que las leyes promulgadas recientemente restrinjan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación. La disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples contendientes presidenciales y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su liberación inmediata», agrega.

El documento continua con más críticas al recorte de derechos y libertadas impuestas por Ortega: «Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua este noviembre. Instamos a Nicaragua a que se comprometa con la comunidad internacional, se valga de la asistencia técnica, permita la presencia de observadores electorales internacionales y restablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia».