Avanza la usurpación de tierras en la Provincia de Buenos Aires

71 tomas fueron judicializadas desde el 1 de agosto. El número se eleva hasta 1.801 si se tienen en cuenta las 4.300 hectáreas tomadas en lo que va del año.

En medio de la polémica por la toma de tierras en Villa Mascardi, la ocupación ilegal de tierras se extiende hacia la Provincia de Buenos Aires, donde unas 4.300 hectáreas de tierras fiscales y privadas fueron usurpadas en las últimas semanas.

El área, que se traduce en 43 kilómetros cuadrados de extensión, incluye predios donde iban a ser construidos barrios privados y viviendas sociales que estaban por ser entregadas a sus propietarios, entre los que se incluye, por ejemplo, el barrio ACUMAR de González Catán.

Si bien días atrás la ministra de Seguridad Nacional Sabina Frederic había asegurado que la situación «no es un tema de seguridad, es un tema de déficit habitacional”, la preocupación por la problemática llegó hasta el despacho de Axel Kicillof, y fue el titular de la cartera de seguridad bonaerense Sergio Berni el encargado de ponerla en palabras. «Es un delito que está organizado. Detrás de la necesidad habitacional aparecen vivos que se organizan para ver cómo sacan provecho. En la provincia de Buenos Aires el derecho a la vida y a la propiedad privada son dos cosas que no se discuten”, reflexionó en un claro intento de diferenciación con la funcionaria nacional.

En base a los informes realizados por la Policía Bonaerense  respecto a las causas abiertas por delitos de usurpación, desde el pasado 1 de agosto se registraron 71 tomas judicializadas que culminaron con la detención de 258 personas, las cuales en su mayoría ya fueron liberadas por tratarse de un delito con pena menor a tres años de prisión.

Además, en ese mismo periodo de tiempo fueron realizadas 315 intervenciones policiales, caracterizadas por tener resoluciones pacíficas donde los usurpadores se quedan con los terrenos ocupados ilegalmente o son trasladados a otros cedidos por los distintos municipios.

Si se retrocede hasta comienzos de año los números empeoran, dando cuenta que 1.801 denuncian fuero realizadas en ese sentido, habiendo resultado detenidas 524 personas en 868 procedimientos policiales, la mayoría de ellas llevadas a cabo en los municipios de La Plata, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, Partido de La Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Moreno, Presidente Perón, Malvinas Argentinas, Quilmes, Avellaneda, Pilar, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Bahía Blanca, San Martín, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Zárate, Junín, y San Fernando.

Ante el crecimiento de la problemática varios fueron los intendentes en referirse de manera crítica al tema, como fue el caso de Diego Valenzuela, de Tres de Febrero. “Las tomas se han multiplicado. Tenemos esa preocupación y estamos transmitiendo con respeto pero con contundencia. Se necesita una decisión y una acción del más alto nivel”, expresó tiempo atrás en diálogo con Radio Mitre.

Héctor Gay, de Bahía Blanca, fue otro de los jefes comunales en opinar sobre el tema. “Le solicito al gobernador Kicillof que nos exprese su visión política sobre las tomas de tierras que se multiplican en nuestra ciudad y toda la provincia, que ante la situación crítica que atravesamos generan más miedo, angustia e incertidumbre en todos los vecinos”, pidió a través de sus redes sociales, y sumó: “La necesidad de algunos no puede generar el caos en todos. Esta problemática hoy se agrava frente al silencio y la inacción. Es importante tener un Estado presente que proteja lo que cada uno de los argentinos se ganó con su trabajo”.

Jorge Macri, por su parte, destacó que “Las tomas son moneda corriente en el Conurbano. En la medida en que cada municipio tiene más tierra rural o semirrural, estos temas son más dramáticos. En el segundo o tercer cordón del Conurbano esto se agrava. En el primer cordón se da en casas o predios más pequeños y quienes avisan generalmente son los vecinos. Se ha instalado esta lógica de que uno puede usurpar con la excusa de no tener una vivienda”, y denunció: “Hay organizaciones que entran, hacen un pseudoloteo y después venden a alguien que sí tiene la necesidad”.

Ante el avance del delito en el territorio varios fueron los vecinos y dirigentes opositores que señalaron a distintas organizaciones sociales como responsables de la instigación, siendo el Movimiento Evita de Fernando «Chino» Navarro y Emilio Pérsico una de las más apuntadas. Ambos dirigentes son actualmente funcionarios del Gobierno Nacional, ocupando los cargos de secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias y secretario de Economía Social.

Pese a las acusaciones, Navarró negó en diálogo con Infobae estar involucrado en las tomas. “Nosotros no propiciamos las tomas. Tampoco creemos que la solución sea policial y el uso de las topadoras como proponen algunos funcionarios  y dirigentes de la oposición. El Estado no se puede hacer el fuerte con el débil. Hace 40 años que las políticas habitacionales han fracasado. A la gente hay que darle terrenos pero algo tienen que pagar por ellos, y el Estado debe darle los servicios básicos y trazado de calles», dijo y añadió: «La experiencia nos indica que las usurpaciones que se transforman en asentamientos fracasó, no son la solución. Los chicos no pueden estar viviendo entre ratas y arriba de un basural como ocurre en Lomas de Zamora”.

Cabe destacar que Juan Grabois, otro importante referente de los movimientos sociales, había advertido al comienzo de la cuarentena sobre una posible escalada en los delitos de este tipo. «Hay una oleada de toma de tierras que se va a profundizar porque la gente no va a querer seguir viviendo hacinada con el coronavirus dando vueltas”, afirmó, y aclaró que la ocupación ilegal de terrenos no solo se produce en el conurbano bonaerense sino también en el interior del país. “Hay tomas de tierra en todos lados. En la provincia de Buenos Aires hay cualquier cantidad. También en Chaco y Corrientes, y se va a profundizar”, precisó.

Con información de Infobae