El Gobierno avanza en su intento por desmantelar tribunales claves
Gerónimo Ustarroz, representante en el Consejo de la Magistratura, solicitó a la Comisión de Selección revisar los traslados realizados durante el gobierno de Macri.
Una nueva polémica relacionada a la Justicia involucró este fin de semana al Gobierno, luego de que se conociera la noticia de que el Poder Ejecutivo reclamó una revisión en relación al traslado de diez jueces a tribunales claves, entre los que se encuentran aquellos que llevan adelante causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A través de una carta dirigida a la presidenta de la comisión de Selección y de la Escuela Judicial Graciela Camaño, Gerónimo Ustarroz, representante del Gobierno en el Consejo de la Magistratura de la Nación, solicitó formalmente el pasado jueves estudiar desplazamientos de jueces realizados durante la gestión de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada, al alegar que los mismos «no cumplen con todos los recaudos legales y administrativos necesarios».
Además, en el mismo texto Ustarroz solicita a Camaño «revisar los traslados de magistrados detallados y dictamine sobre sus alcances, ello de modo preliminar a que el Poder Ejecutivo se adentre en el examen de las solicitudes formuladas por los jueces Roberto Naciff y Alejandro Esmoris”
En base a lo informado, la intención es incorporar el tema a la próxima reunión de la Comisión, en vistas de avanzar con su tratamiento, a más tardar, el próximo jueves.
«Vamos a resistir este nuevo ataque sin fundamento legal. Los jueces seguirán ejerciendo sus funciones ya que muchos fueron trasladados antes de la acordada 7 de la Corte del 2018», explicó al respecto Pablo Tonelli, diputado de Juntos por el Cambio y miembro de la Magistratura, y agregó que para suspender los traslados el Gobierno tendrá que derogar los decretos firmados por Macri y «revocar sus efectos mediante un juicio penal”.
Cabe destacar que dos de los jueces cuestionados, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -ambos miembros de la Sala I de la Cámara Federal- son los encargados de revisar las causas de corrupción que involucran a Cristina Kirchner, y que tras el fallecimiento de Claudio Bonadío revisaron sus fallos al respecto confirmando varios procesamientos contra la ex senadora y funcionarios de su gobierno, además de ratificar la existencia de una asociación ilícita liderada por ella misma para recaudar coimas de empresarios que trabajaban para el Estado.
