El Senado aprobó la ley de Emergencia Económica

Published On 21/12/2019

Como se esperaba, la Cámara Alta dio luz verde al paquete de medidas que impulsó el Gobierno para afrontar la crisis. Fue el debut de Cristina Kirchner al mando del Senado.


La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva tras una maratónica sesión que comenzó a las 16 horas de este viernes y culminó minutos antes de las 4 de la madrugada de este sábado.

La normativa que impuso el Gobierno en tan solo una semana contempla una serie de modificaciones en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. La iniciativa obtuvo 41 votos afirmativos, 23 negativos y una abstención.

La sesión comenzó a las 16:20 pero se suspendió durante dos horas a pedido del interbloque opositor de Juntos por el Cambio para estudiar más detenidamente el expediente que había ingresado a la Secretaría Parlamentaria.

Sin embargo, los senadores pasaron a aprobar otros proyectos de Ley incluidos en el régimen de sesiones extraordinarias enviados por el Poder Ejecutivo, por lo que el cuarto intermedio arrancó poco después de las 17:30. Luego recién a las 19 el oficialismo logró el quórum para reiniciar el debate.

Más de 40 legisladores se anotaron para hacer uso de la palabra, por lo que las autoridades de la Cámara calcularon que el expediente podría llegar a votarse durante las primeras horas de este sábado.

Las claves de la ley de emergencia

Contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis y sentar las bases para promover la Solidaridad Social y el desarrollo productivo.

Los ejes fundamentales son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, subas de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria, uno de los puntos más polémicos junto al 30% de recargo a las compras en dólares en el exterior.

De esta medida se eximen las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, ex funcionarios nacionales y científicos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.

Aunque antes de empezar la discusión en la Cámara Alta, se conoció la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar un proyecto de ley para que sea debatido durante las actuales sesiones extraordinarias para terminar con las jubilaciones de privilegio en la Justicia y en el Cuerpo Diplomático.