La UIF pide que Cristina y sus hijos vayan a juicio por la causa Hotesur

La UIF solicitó al juez Ercolini que cierre la investigación por lavado de dinero y avance a la próxima instancia. Además de la ex mandataria y Lázaro Báez, hay otros 15 imputados.

Mediante la Unidad de Información Financiera (UIF), el Gobierno nacional pidió este lunes que Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, junto a Lázaro Báez y otros quince acusados vayan a juicio oral por la causa Hotesur, en la que se investiga lavado de dinero a través de los hoteles.

Vale destacar que la UIF es querellante en el expediente, y según trascendió, la Oficina Anticorrupción (OA) presentará la misma solicitud esta semana.

Se trata de los presuntos negocios que mantenía la ex familia presidencial a través de Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate) y empresas del Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, como también la administración en los últimos años a cargo de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner.

Todo indica que este será el quinto juicio que le espera a la senadora y el tercero donde se la acusa junto a Báez -preso por lavado de activos-, por corrupción. Con un escrito de 200 páginas, los responsables de la UIF, María Eugenia Talerico y Mariano Federici,exigieron que el caso avance hacia la próxima instancia.

“Una asociación ilícita destinada a apoderarse de los fondos públicos, y el reciclaje que se efectuó a posteriori y que conformara el desapoderamiento del dinero público”, sostiene el escrito que envió el organismo antilavado.

Por ello sostuvieron que las causas se encuentran vinculadas, ante la existencia de una “organización criminal” que tuvo la finalidad de “sustraer y apoderarse del dinero de las arcas públicas” y que la causa Hotesur SA “no se despliega en soledad, sino que forma parte de un grupo de investigaciones” en las que Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que direccionó obra pública a favor de Báez, como causa madre de otras maniobras de lavado.

Se estableció así, “un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades”, algo que se investigó en Los Sauces SA (otra causa por lavado).

De acuerdo a las ideas que barajan Pollicita y Mahiques, los ex presidentes y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” supuestamente ilícito.

Dichas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.