Ordenan indagar a Cristina Kirchner por “la ruta del dinero K”

La Sala II de la Cámara federal porteña le ordenó al juez Sebastián Casanello que llame a indagatoria a Cristina Kirchner en el marco de la causa conocida como Ruta del Dinero K, donde Lázaro Báez está acusado de haber lavado 60 millones de dólares durante el gobierno anterior. Fuentes judiciales sostienen que el magistrado fijaría fecha la próxima semana.

La decisión se tomó después de una serie de pedidos de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la Oficina Anticorrupción (OA) y del fiscal federal Guillermo Marijuan. Tras el rechazo a realizar el llamado a indagatoria por parte del juez Casanello considerando que no había pruebas suficientes para realizar la citación, la Sala II por voto mayoritario (con la disidencia del juez Leopoldo Bruglia) ordenó este viernes que se la convoque a declarar en la causa por lavado de dinero.

En la Ruta del Dinero K, se investiga al empresario K por lavado de activos. Estiman que las operaciones de blanqueos y exteriorización de los mismos, efectuadas entre 2010 a 2013, rondan los 60 millones de dólares. Una de las premisas que fundan la orden de la Sala II​ responde a la vinculación realizada judicialmente entre los expedientes donde se investiga a Lázaro Báez y a CFK. Es la causa por el direccionamiento de la obra pública, donde la ex mandataria fue procesada como jefa de la asociación ilícita que favoreció con 52 contratos viales por $ 46.000 millones al santacruceño. Esto fue considerado el delito precedente de las operaciones de lavado de activos.

Aunque además, se indicó que una porción de esos fondos fueron derivados al patrimonio ​de la familia Kirchner a través de otros negocios celebrados con Báez: el alquiler de habitaciones de los hoteles y la administración de los mismos (Hotesur SA) y los contratos de locación celebrados con Los Sauces SA (inmobiliaria de la ex Presidenta). Según constata Clarin, la sumatoria en ambos expedientes donde se investigó el lavado de dinero, arroja ingresos a favor de la ex familiar presidencial por más de $ 50 millones entre 2009 a 2015.

Estas maniobras, resaltó el juez Martín Irurzun, «habrían determinado que el enorme patrimonio de Lázaro Báez resultara muy superior al que proporcionalmente le correspondió a Cristina Fernández y su familia a través de los mencionados contratos de locación», en relación al alquiler de los hoteles de la familia Kirchner que fueron administrados por el empresario K mientras ganaba obra pública nacional.

Por ello, según el camarista «la lógica indica que la explicación de la enorme masa dineraria que manejó Báez debe rastrearse en el rol que cumplió en los negocios delictivos de Fernández. Y ello tiene todo que ver con los cargos que aquí pesan sobre aquella. Afirmar lo contrario, a esta altura, contraría a las pruebas y a una valoración razonable de aquellas, por vía del sentido común”.

La ex jefa de Estado se encuentra imputada por el fiscal Marijuan en la causa como copartícipe de las maniobras de lavado de dinero que le significaron a Lázaro Báez un embargo de 600 millones de dólares.

Luego de tres pedidos de la UIF en el mismo sentido de lo que este viernes ordenó la Cámara, el juez Casanello había sostenido que “se tuvo por acreditado que los fondos expatriados tuvieron su origen en un fraude cometido por una asociación ilícita que integraban, entre otros, Lázaro Báez y Cristina Kirchner”, pero que ello no alcanza “para atribuir responsabilidad penal por estos hechos” a la ex mandataria “o al resto de los 13 imputados que ahora deberán afrontar un juicio por aquella defraudación”. Además, señaló que la ex Presidenta ya estaba siendo juzgada por el mismo delito en otras causas.

Sin embargo, la Cámara Federal porteña después de expedirse en cuatro oportunidades al respecto, le ordenó al magistrado que la convoque a declaración indagatoria en la causa por lavado de dinero.