Nace una nueva negociación por la reforma laboral
Con Jorge Triaca de vacaciones tras el escándalo que originó el agresivo audio que le envió a una empleada doméstica, la Casa Rosada ya dialoga con la CGT a través de otros funcionarios para avanzar con la negociación de una reforma laboral fragmentada que se diluye cada día más.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, planean un acercamiento subterráneo con el sector de los sindicatos «Gordos» y con los llamados «independientes».
Ante la intención del Gobierno en reconstruir el vínculo con los gremios, Héctor Daer -uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT- fue el primero en expresarse. Vale recordar que el dirigente no asistió a la cumbre de Mar del Plata que organizaron la semana pasada Luis Barrionuevo y Hugo Moyano, acto que trazó una frontera en la interna cegetista.
El eco sindical también se escuchó luego de que Peña respaldara al jefe de la cartera laboral, cuando muchos sectores pedían su renuncia por el maltrato a una exempleada que tuvo unos meses contratada en negro y por los polémicos nombramientos en la intervención del sindicato marítimo. «Todo lo que venga después de Jorgito será peor», aseguraron los dirigentes más importantes.
El apoyo a Triaca fue útil para distinguir al nuevo interlocutor sindical que privilegiará el Gobierno. Negociará con «los Gordos» y «los independientes» el proyecto laboral fragmentado y el porcentaje de las paritarias.
Puertas adentro de la Casa Rosada, el desgajamiento de la reforma laboral es una derrota para Triaca, que negoció durante meses el proyecto íntegro con la CGT. Pero separado, por partes, es la única viabilidad que podría tener, según fuentes oficiales y gremiales.
Hay tres puntos que una mayoría de gremios de la CGT aceptaría:
El primero es el relativo al blanqueo laboral, que prevé eximir por ley del pago de multas al empresario que regularice la situación de sus trabajadores, y en el que el Estado reconocerá a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en los que el empleado haya estado en la informalidad.
El segundo es la creación de una agencia nacional de evaluación de tecnología de salud, cuya finalidad será la de reducir el nivel de litigiosidad que existe hoy en contra de las obras sociales.
Mientras que el tercer ítem es el de las formaciones profesionales. Los gremios exigirán que se den amparadas por el convenio colectivo de la actividad y que no se extiendan más allá de un año.
La negociación, de todos modos, estará sujeta a lo que se resuelva con las paritarias y con los puntos conflictivos de la reforma laboral, como la reducción de aportes patronales, que se incluyó en la nueva ley tributaria, o los ítems a contemplar en el pago de una indemnización.
FUENTE: LA NACION
