La Justicia rechazó liberar a Samid y será trasladado al penal de Marcos Paz

Publicado el 11/04/2019

Así lo decidió el tribunal oral que lo juzga al entender que podía volver a fugarse. El Servicio Penitenciario deberá informar si las enfermedades del empresario pueden ser tratadas en prisión. 


El tribunal oral en lo Penal Económico 1 rechazó liberar al empresario cárnico Alberto Samid por entender que podía volver a fugarse, tal como lo hizo la semana pasada cuando fue detenido por Interpol en Belice.

Detenido por presunta asociación ilícita, desde ayer está alojado en una cárcel federal pero una vez que finalice los estudios médicos que establece el protocolo para determinar en qué condiciones de salud se encuentra, el dirigente será trasladado al penal de Marcos Paz.

«Corresponde presumir, fundadamente, que en caso que el nombrado recuperase su libertad, eluda la acción de la justicia», informaron los jueces José Michilini, Diego García Berro e Ignacio Fornari. Y agregaron: «se verificaron reiteradas incomparecencias de José Alberto Samid al plenario pese a las específicas órdenes del tribunal -debidamente notificadas- en punto a las fechas en que debía presentarse, sin que se hubiese dado justificación alguna al respecto».

Los jueces además le pidieron al Cuerpo Médico Forense «realice un completo y exhaustivo examen médico psicofísico» de Samid y al Servicio Penitenciario Federal que de manera «urgente» determine el estado de salud del empresario, si presenta alguna enfermedad o dolencia y si la tiene si puede ser atendida en la cárcel.

Según reiteró en varias oportunidades el propio empresario, sufre de diabetes e hipertensión. La defensa de Samid pedirá su prisión domiciliaria y para eso entregó este jueves nuevas constancias médicas.

Sus declaraciones al tribunal

El «Rey de la Carne» reconoció que “entró en pánico” explicando los motivos que lo llevaron a salir del país el 24 de marzo hacia el Paraguay, volar de allí a Panamá y refugiarse finalmente en Belice, donde fue capturado el viernes pasado.

“A mi me tienen que dar una medalla porque hace 50 años que trabajo por el país. Soy solidario en mi barrio, fui boy scout, bombero voluntario, presidente de Morón, vicepresidente del Mercado Central, congresal nacional y provincial de mi partido. Esta es una causa política, no jurídica. Yo soy oposición de este gobierno. Quieren disciplinar con causas judiciales”, cargó el dirigente al tiempo que negó las acusaciones.

“Es una asociación ilícita sin plata ni damnificados. Los daminificados somos nosotros. Siempre se pagó, nunca hubo evasión”, se defendió sentado en la primera fila. También pidió perdón “por cosas que he dicho”, en supuesta alusión a sus salidas radiales durante su clandestinidad y en las que llegó a decir que el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, le había pedido una coima de 1,8 millón de dólares para beneficiarlo en la causa.

La fiscalía pidió para una pena de seis años y medio de prisión para el empresario, mientras que la querellante y denunciante Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) solicitó un castigo de siete años de cárcel.

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