Entró en vigencia el protocolo de aborto no punible: la fuerte reacción de la Iglesia

Publicado el 13/12/2019

El Gobierno hizo oficial este viernes el nuevo documento a seguir en los casos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a partir de su publicación en el Boletín Oficial. La resolución 1/2019 establece que el protocolo “tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad” en el caso de abortos no punibles.

“Está orientado por los objetivos que una política sanitaria en este campo debe seguir: garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas y los derechos de pacientes; basarse en evidencia científica actualizada; proteger y acompañar a los equipos de salud como responsables de atender la salud de la población; y orientarse por el principio de equidad para llevar las mejores prácticas a quienes más las necesitan“, detalla el escrito oficial.

“Desde el punto de vista clínico, el protocolo incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo -dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)- y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos“, agrega.

La publicación también remarca la diversidad de género: “El derecho a ILE, establecido en el art. 86 del Código Penal, corresponde a toda las personas con capacidad de gestar (niñas, adolescentes, mujeres, varones trans, personas no binarias, etc.)“.

Por otra parte, establece que debe prevalecer la decisión de la persona ante la posición de los médicos e incluye a la violencia obstétrica como una forma de violencia de género. En cuanto a la aplicación, determina que “para la realización de una ILE nunca es exigible la denuncia policial o judicial de violación”.

Hace dos semanas, el ahora ex secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, intentó actualizar ese documento pero terminó presentando la renuncia luego de que el ex presidente Mauricio Macri anulara su propuesta.

Este jueves, el ministro Ginés González García y su par de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se reunieron en privado con el presidente Alberto Fernández para interiorizarlo sobre los alcances del nuevo protocolo de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

El protocolo tiene como objetivo actualizar la guía de prácticas anterior teniendo en cuenta los cambios que existieron en la legislación, como la aprobación del nuevo Código Civil de 2015. En conferencia de prensa, García advirtió además que seguramente haya “algunas organizaciones antiderechos” que cuestionen el nuevo protocolo, pero insistió que se trata de “un instrumento sanitario” que se ajusta a la ley actual y otorga derechos a quienes “lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo”.

La reacción de la Iglesia

Como se esperaba, la Iglesia ​mostró su malestar ante la publicación en el Boletín Oficial del protocolo que avala el aborto no punible. La primera queja llegó desde la comisión de Pastoral de la Salud del Episcopado, en la voz del obispo Alberto Bochatey, quien consideró que de esta manera “se instala el aborto libre en la Argentina”.

El referente católico sostuvo que la decisión del Gobierno nacional “no sorprende” y apuntó contra el ministro de Salud, Ginés González García. “Es abortista y ya había advertido que no iba a entrar en discusión por la ley, sino promulgar el protocolo vía ministerio y obligar a las provincias a que adhieran”.
En diálogo con la agencia católica AICA, Bochatey se expresó en contra de una serie de puntos del protocolo como actualizar medicamentos y una nueva droga, la mifepristona, que no está aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en el país.

“A nivel internacional se utiliza la asociación de esta droga con el misoprostrol para aumentar la eficacia del aborto y disminuir los efectos secundarios”, puntualizó.

Respecto a la edad que se le permite a una mujer practicar un aborto, 13 años, el obispo advirtió que “las niñas de esta edad podrán hacerse un aborto, incluso sin el consentimiento de sus padres. Esto es peor que la ley que quisieron promulgar en 2018, que lo aceptaba desde los 14 años”.

“Otro cambio grande es el paradigma del concepto de salud integral, que es física mental y social. Dicen que es exactamente igual que lo que estaba en el Código de 1921, pero no es así”, argumenta. El Código Penal de 1921 habla de cuestiones de riesgo de vida y de casos de violación. En cambio, “este protocolo avala muchos otros factores que no tienen que ver con riesgos de vida o de violación”.

“La táctica es clarísima y era muy previsible, evitando que se genere todo tipo de discusión y un debate democrático. Y la ciudadanía argentina no está a favor del aborto, como quedó demostrado democráticamente en el Parlamento, en 2018”, indicó Bochatey.