El macrismo tendría su propio caso Fayt

Mientras todos recuerdan todavía la polémica que acompañó prácticamente hasta sus últimos días al ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, a quien el Gobierno de Cristina enfrentó violentamente, y la justicia terminó dándole la razón, hoy el macrismo, que en su momento apoyó al magistrado, se ve envuelto en la misma polémica.

Recordemos que Fayt pudo continuar en el Máximo Tribunal, a pesar de haber superado por muchos el límite de los 75 años dispuesto por la reforma de la Constitución del 94 para desempeñarse al frente de ese cargo (tenía 97).

Ocurre que el Ministerio de Justicia, anticipó su opinión en contra del amparo presentado por la jueza Elena Higton de Nolasco, para que se declare «nulo de nulidad absoluta» el artículo que da origen al final de su desempeño en la Corte. En la misma modificación a la Constitución del 94 se le realiza una salvedad, para aquellos jueces que, a pesar de tener los 75 años cumplidos, consigan el aval del Senado para la prórroga por otros 5 años en su cargo.

Hace algunos meses, Higton consultó al Gobierno por este tema, y el primer sondeo realizado en el Congreso, le daba al macrismo la idea de que el bloque peronista no iba a acompañar el pliego de la jueza. Sin anunciarlo antes, la magistrada presentó directamente el recurso. El ministerio de Justicia, que nunca había recibido tampoco un pedido de prórroga de parte de Higton, planteó ante el juez su negativa a convalidar la cautelar.

A todo esto, los peronistas se frotan las manos, porque su negativa a apoyar la extensión en el acuerdo de Higton tiene que ver con que cuando el bloque aceptó darles el acuerdo a los jueces Rosatti y Rosenkrantz, designados por Macri con el acuerdo posterior del Senado, los justicialista plantearon que sería el peronismo el encargado de nombrar al próximo juez de la Corte.

¿Qué dice Higton que hasta ahora no había dicho? Que la cláusula afecta la «inamovilidad» de los jueces, garantizada desde 1853 por la Constitución. Pide recibir el mismo trato de Fayt y Petracchi quienes ingresaron antes del 94 a la Corte, motivo por el cual superaron la hoy edad límite. En el caso de la magistrada, ella asegura que no se puede hablar de derechos adquiridos cuando se habla de constitucionalidad o no de alguna medida.

¿Qué dicen los especialistas?

Que el Gobierno quiere con esto conseguir una vacante para ocupar a su gusto.

Gregorio Badeni, constitucionalista, aseguro que: » La Convención del 94 debió funcionar sobre la base de los principios que estaba habilitada a tratar. No estaba bajo discusión la inamovilidad de los jueces. El ministro Garavano, sigue instrucciones políticas. La pronunciación del Gobierno es violatoria del orden constitucional y busca conseguir una vacante en la Corte y cubrirla a su modo»

Mientras tanto, Jorge Rizzo, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que «desconocer los motivos por los cuales se pronunciaron en contra de la continuidad de la jueza en el Máximo Tribunal. Pero seguramente deben querer el lugar para nombrar a alguien más cercano. El fallo Fayt de 1999 determinó que la Convención Constituyente se extralimitó en los puntos de la reforma: No tengo dudas de que la magistrada tiene el derecho de continuar en su cargo».

A todo esto, el constitucionalista y presidente de la Asociación Anticorrupción, Ricardo Monner Sanz se expresó en el mismo sentido: «puede que se trate de un acto de ignorancia o intención» ya que consideró que el precedente del caso Fayt lo dejó suficientemente en claro.

La polémica está dada. El final del cuento está próximo a resolverse.