Confirman el procesamiento a CFK por la carterización de la obra pública
La decisión fue tomada por los jueces Eduardo Riggi, Guillermo Yacobucci y Liliana Catucci de la Sala III de la Cámara de Casación. Julio De Vido, Nelson Periotti, Carlos Wagner y Ángelo Calcaterra, entre otros empresarios también vieron ratificada la medida en su contra.
A menos de 24 horas de que la Corte Suprema aceptara debatir el per saltum presentado por los jueces que el oficialismo busca remover de sus cargos a los que fueron trasladados durante el Gobierno de Macri, la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme este miércoles el procesamiento contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, Julio De Vido, Nelson Periotti, Carlos Wagner y Ángelo Calcaterra, entre otros empresarios.
Los procesamientos responden a uno de los tramos de la causa Cuaderno de las Coimas, donde la expresidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que recaudó sobornos entre contratistas y concesionarios del Estado.
La decisión de esta jornada fue tomada por los jueces Eduardo Riggi, Guillermo Yacobucci y Liliana Catucci de la Sala III de la Cámara de Casación, que investiga precisamente la cartelización de la obra pública a favor de un conjunto de compañías que, de acuerdo a las pruebas, pagaban coimas al extinto Ministerio de Planificación conducido por el mencionado De Vido para obtener diversos contratos.
La acusación formal, cabe destacar, es por los delitos de asociación ilícita y 175 cohechos pasivos por sumas millonarias, cometidos en licitaciones y adjudicaciones de obra pública entre 2003 y 2015.
En su resolución Casación rechazó los diferentes planteos que se oponían a la confirmación de las acusaciones que había formulado la Cámara Federal porteña, cuando fueron Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi -removidos por el kirchnerismo hace diez días de su cargo- quienes avalaron las imputaciones que dio por corroboradas el juez Bonadio.
En base al expediente se sostiene que hubo “un acuerdo previo y a la división de tareas” para una distribución de la obra pública entre un conjunto de empresarios, que no se podría haber concretado “sin la intervención de los ex funcionarios imputados”.
En cuanto a los empresarios, se los señaló como partícipes “de este sistema, al igual que sus directivos o accionistas, junto a las personas que concurrían a efectuar los pagos” a ex funcionarios kirchneristas.
Sobre la maniobra investigada, se indicó que el “mecanismo implementado para lograr la deliberada distribución de la obra pública, tenía como fin último nutrir de fondos a la asociación ilícita comandada y estructurada por los antes nombrados”, es decir por Cristina Kirchner y los ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal.
Por último, se sostuvo que en Planificación, “por indicaciones del Presidente Néstor Kirchner y luego mantenido en el tiempo por la Presidente Cristina Fernández, se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles”.
Con información de Clarín
