Una vez más, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás
La polémica quita de pensiones a unas 83 mil personas discapacitadas despertó la furia de muchos sectores contra el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, en el comienzo de la avalancha opositora, la ministra Carolina Stanley, insistió que la reducción de la nómina no es general y que «se va a revisar caso por caso».
“Quiero llevarle tranquilidad a las familias que hoy reciben una pensión, que la merecen y la necesitan, de que no vamos a hacer un recorte masivo, no hay una intención de sacarlas», sostuvo la funcionaria, que luego denunció que “se está tratando de usar el tema política y malintencionadamente”.
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En su argumento señaló que «la Argentina viene de años de mucha entrega indiscriminada y clientelar de pensiones” y que “por eso hacemos estos cruces administrativos, no políticos” para “ver quién merece la pensión”.
A todo esto, la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) solicitó al Ministerio que informe cada prestación que se dio de baja durante el año 2017 y los criterios que se utilizaron para ese fin. “Toda resolución administrativa debe respetar el procedimiento vigente. «Hay una obligación de notificar al beneficiario en forma previa a la suspensión de la pensión, para que pueda ejercer su derecho de defensa”, aseveró el titular del organismo Gabriel De Vedia.
La vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, Gabriela Troiano (Partido Socialista), reveló en las últimas horas que la ministra Stanley se mostró dispuesta a dar marcha atrás con el fallo.
